El Consejo de Estado, en un fallo trascendental, anuló la sanción de destitución e inhabilidad general por 16 años contra Teléforo Bernal Velásquez, exalcalde de Flandes, Tolima (2012-2015).
La decisión reafirma que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular, invalidando las facultades de la Procuraduría General de la Nación en este tipo de casos.
La Sección Segunda del Consejo de Estado decidió llevarle la contraria a la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, basada en el control de convencionalidad. Este análisis se fundamenta en los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como los casos López Mendoza vs. Venezuela y Petro Urrego vs. Colombia.
Según informó La W Radio, la decisión declara que la Procuraduría, al ser un órgano administrativo, no puede restringir derechos políticos mediante sanciones como la destitución o la inhabilidad, ya que estas solo pueden ser impuestas por un juez penal a través de una sentencia condenatoria.
Antecedentes del caso
La sanción contra el exalcalde de Flandes fue emitida por la Procuraduría debido a supuestas irregularidades en tres procesos de contratación relacionados con el transporte escolar durante su administración. Entre las razones señaladas se encuentran:
– Adjudicación directa de contratos que no cumplían con los requisitos legales.
– Presunta violación al principio de transparencia en la contratación.
Sin embargo, la defensa del exalcalde argumentó qué las acciones no constituían corrupción según la ley, además afirmó que la sanción fue impuesta cuando ya no ejercía como alcalde y que los hechos investigados ya habían prescrito.
Cabe resaltar que El Consejo de Estado basó su sentencia en:
– La sentencia del propio Consejo de Estado del 15 de noviembre de 2017, que declaró incompetente a la Procuraduría para imponer estas sanciones.
– Los fallos SU-381 y SU-382 de 2024 de la Corte Constitucional, que reafirman los límites del control disciplinario frente a los derechos políticos.
Según el medio antes mencionado la decisión ordena la nulidad de los actos sancionatorios contra Bernal Velásquez y exige la eliminación de su registro disciplinario. Este fallo podría sentar un precedente para otros funcionarios sancionados en condiciones similares, desafiando las facultades históricas de la Procuraduría.
Asimismo indicó que el debate sobre las competencias de la Procuraduría y el impacto de esta decisión podría tener repercusiones a nivel nacional. Además, se espera que se revisen otras sanciones similares, especialmente aquellas impuestas a funcionarios elegidos popularmente.
DATO
El caso del exalcalde de Flandes, Teléforo Bernal Velásquez se suma al creciente cuestionamiento sobre el alcance de los órganos administrativos y su impacto en los derechos políticos en Colombia.
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