La Fiscalía General de la Nación revocó las órdenes de captura contra 31 líderes del ELN, señalados de incumplir las condiciones del proceso de paz. La decisión surge tras evidencias de crímenes en el Catatumbo, atribuidos al grupo armado, que desataron una crisis humanitaria en la región.
La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón anunció este martes que las órdenes de captura contra 31 representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) han sido reactivadas, tras comprobar que este grupo armado incumplió los compromisos adquiridos en el marco de los diálogos de paz con el Gobierno Nacional.
Esta decisión se tomó luego de que el ELN, a través de su líder alias «Antonio García», asumiera la responsabilidad de los actos de violencia ocurridos en el Catatumbo desde el pasado 16 de enero. Estos crímenes incluyen ataques que han puesto en grave riesgo la vida de líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y la población civil.
Evidencias de los incumplimientos
Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se destacan:
• Comunicaciones oficiales del Frente de Guerra Nororiental del ELN, emitidas los días 17, 18 y 19 de enero, en las que se atribuyen los ataques.
• Declaraciones públicas de los principales cabecillas, como Gregorio Manuel Pérez Martínez, confirmando su responsabilidad en los hechos violentos.
La violencia desatada en la región generó una tragedia humanitaria que, según la fiscal general, contradice cualquier intención real de paz por parte del grupo armado.
Reactivación de las órdenes de captura
La Resolución No. 00015 de 2025, emitida por la Fiscalía, establece que el incumplimiento de las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura y la comisión de nuevos delitos obligan a su reactivación. Esta medida recae sobre importantes líderes del ELN, entre ellos:
• Pablo Beltrán
• Nicolás Rodríguez Bautista
• Eliécer Herlinto Chamorro Acosta («Antonio García»)
• Aureliano Carbonell
• Bernardo Téllez
En total, 31 integrantes del ELN que habían sido reconocidos como voceros en la mesa de diálogos pierden los beneficios otorgados en 2022 y 2023.
La decisión está respaldada por la sentencia C-525 de 2023 de la Corte Constitucional, que establece que cualquier incumplimiento por parte de los actores involucrados en procesos de paz permite reactivar las órdenes de captura. Esto implica la derogación de varias resoluciones expedidas anteriormente por la Fiscalía para suspender dichas órdenes.
Impacto en los diálogos de paz
El anuncio de la fiscal general fue comunicado a la Presidencia de la República y al consejero comisionado para la Paz. Según fuentes oficiales, esta decisión pone en jaque el proceso de negociación con el ELN, que ya enfrentaba críticas por la continuidad de la violencia en zonas afectadas por el conflicto armado.
La resolución también instruye a las autoridades de policía judicial para proceder con la captura de los señalados líderes del grupo insurgente.
Crisis humanitaria en el Catatumbo
La región del Catatumbo ha sido el epicentro de una ola de violencia atribuida al ELN, lo que ha agravado la crisis humanitaria. Las comunidades locales han denunciado desplazamientos forzados, amenazas y ataques directos a líderes sociales. Estas acciones han puesto en entredicho la participación genuina del grupo armado en los esfuerzos por alcanzar la paz.
¿Qué sigue para el proceso de paz?
El futuro de los diálogos de paz con el ELN está en riesgo. La decisión de la Fiscalía no solo representa un golpe a las negociaciones, sino que también plantea preguntas sobre la capacidad del Estado para garantizar que los actores involucrados cumplan con los acuerdos.
Con esta medida, las autoridades buscan enviar un mensaje claro: la paz no puede construirse mientras persistan los crímenes y la violencia contra la población civil.
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