Organizaciones denuncian un peligroso retroceso

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado calificó la decisión de la Gobernación del Tolima como un grave retroceso en la garantía de los derechos humanos, advirtiendo que esta designación podría facilitar la perpetuación de estructuras paraestatales y favorecer la impunidad.

En su comunicado, el movimiento manifestó que la presencia del exgeneral en este cargo genera preocupación entre las comunidades que han sido históricamente víctimas de la violencia estatal, aumentando el riesgo de revictimización y la aplicación de estrategias que han favorecido la violación sistemática de los derechos humanos.

Críticas a la militarización de la seguridad

El rechazo no solo proviene de organizaciones de víctimas, sino también de actores políticos como Renzo García, exdiputado del Tolima y excandidato a la Alcaldía de Ibagué, quien a través de sus redes sociales expresó su «rechazo total» al nombramiento. García señaló que esta designación va en contra del Estado Social de Derecho y las políticas del gobierno de Gustavo Petro.

Por su parte, la Unión Patriótica (UP) del Tolima también emitió un fuerte pronunciamiento en el que considera que la gobernadora Adriana Magali Matiz ha optado por un modelo de seguridad basado en el miedo y la militarización, en lugar de implementar políticas sociales que fortalezcan el empleo, la educación y el diálogo con las comunidades.

Cuestionamientos sobre el pasado de Zapateiro

Desde la UP, se cuestionó el historial del exgeneral, asegurando que su trayectoria está marcada por escándalos de corrupción, intervención indebida en política y señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos por parte de sectores del Ejército Nacional. Según el partido, su nombramiento representa un agravio a la memoria de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Exigen un cambio en la política de seguridad

Las organizaciones y sectores políticos que se oponen al nombramiento han planteado las siguientes exigencias:

• Que la Gobernación del Tolima revoque la designación de Zapateiro y busque alternativas que garanticen la paz y el respeto a los derechos humanos.

• Que las políticas de seguridad del departamento sean diseñadas con un enfoque integral, priorizando la participación de la sociedad civil y las víctimas.

• Que las autoridades departamentales frenen la militarización de la vida civil y enfoquen sus esfuerzos en la inversión social.

Llamado a la gobernadora Adriana Matiz

Tanto la Unión Patriótica como el Movimiento Nacional de Víctimas han instado a la gobernadora Adriana Magali Matiz a reconsiderar su decisión, señalando que este nombramiento contradice los principios de justicia social y construcción de paz que exigen los tolimenses.

«No podemos permitir que quienes dieron la orden sigan perpetuando la impunidad», concluye el comunicado del movimiento de víctimas, en un mensaje que busca generar presión sobre la administración departamental para evitar que esta decisión se consolide.