La reciente decisión de la Gobernación del Tolima de alquilar cuatro vehículos por $120 millones en solo un mes ha generado una fuerte controversia en la opinión pública.
El elevado costo del contrato ha sido cuestionado por ciudadanos y sectores políticos que consideran que se trata de un gasto excesivo.
Según los documentos del proceso de adjudicación, el contrato contempla el arrendamiento de vehículos blindados nivel III, para el uso de la gobernadora y su esquema de seguridad, decisión que según Matiz está argumentada en que los automóviles con los que se cuenta actualmente “han venido presentado fallas mecánicas que requieren de su intervención inmediata” .
El costo promedio por cada automóvil supera los $30 millones mensuales, cifra que ha despertado preocupación entre la comunidad.
La contratación se realiza a través de un proceso de convocatoria de mínima cuantía limitada a MíPyme, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia en el manejo de los recursos.
Mientras tanto, ciudadanos y analistas cuestionan si este gasto es realmente necesario, especialmente en un contexto donde se requieren inversiones urgentes en educación, salud e infraestructura.
Ante la polémica, se espera que la Gobernación entregue declaraciones sobre la necesidad y justificación de este contrato, que sigue siendo objeto de debate en la región.
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