La medida responde a un proceso judicial que lleva más de 20 años sin solución definitiva. Desde la Alcaldía aseguran que han actuado con responsabilidad y ya interpusieron los recursos de ley.
La Alcaldía de Ibagué emitió un comunicado oficial tras conocerse que el Tribunal Administrativo del Tolima impuso una medida de detención contra la alcaldesa Johana Aranda por un presunto desacato a un fallo judicial relacionado con un proceso de vivienda que data de hace más de dos décadas.
La administración municipal aclaró que esta medida no implica una pérdida inmediata de la libertad, ya que se han interpuesto los recursos legales correspondientes para garantizar el debido proceso. “Hemos actuado con celeridad y responsabilidad, cumpliendo los términos establecidos y atendiendo cada requerimiento del Tribunal”, señalaron desde el gobierno local.
Un fallo judicial sin cumplimiento desde 2001
El origen del caso se remonta a 2001, cuando se emitieron órdenes judiciales relacionadas con la construcción de viviendas para familias del sector Hato de la Virgen. La ejecución de estas órdenes ha enfrentado múltiples obstáculos, principalmente de índole presupuestal, según explicó la Alcaldía.
Desde la administración actual se asegura que es la primera en destinar más de $7.000 millones para levantar 158 viviendas, y que los avances alcanzados superan ampliamente los esfuerzos de gobiernos anteriores. “Nuestro compromiso con las familias beneficiarias es real y se refleja en la inversión ya ejecutada”, insistieron.
El fallo y el futuro jurídico de la alcaldesa
El Tribunal Administrativo del Tolima ordenó la medida tras considerar que no se ha dado cumplimiento efectivo al fallo, pese a los avances parciales reportados. La alcaldesa Johana Aranda fue notificada, pero continuará en libertad mientras se resuelven los recursos interpuestos.
La administración también hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la unidad en medio del contexto actual, marcado por la emergencia sanitaria por fiebre amarilla, que exige la coordinación de todos los sectores institucionales.
¿Se materializará la detención?
La medida ha reavivado el debate sobre la ejecución de sentencias judiciales por parte de los entes territoriales y la responsabilidad de los mandatarios locales en estos procesos. Por ahora, el caso sigue su curso jurídico, mientras la opinión pública permanece expectante sobre si se hará efectiva la orden de detención contra la mandataria.
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