Adriana Matiz y Andrés Bedoya deberán pagar multa y enfrentar arresto por no reubicar a una profesora que alegó vulneración de derechos.
Un juez de Chaparral, Tolima, ordenó el arresto de la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y de su secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoya, tras considerar que incumplieron una orden judicial relacionada con la reubicación de una docente en zona rural del sur del departamento.
La decisión judicial, emitida por el Juzgado Segundo Penal de Conocimiento, impone dos días de arresto y una multa de dos salarios mínimos a cada funcionario por desacatar una acción de tutela interpuesta por la profesora Diana Magaly Muñiz.
Muñiz, adscrita a la Institución Educativa Risaralda sede Chontaduro, obtuvo su plaza mediante un concurso especial para zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), en las cuales se exige una permanencia mínima de diez años. Sin embargo, alegó que su lugar de trabajo vulneraba los derechos de sus hijas, debido a la falta de servicios básicos como salud y educación en la zona.
Aunque la tutela fue fallada a favor de la docente, el juzgado concluyó que la Gobernación del Tolima y la Secretaría de Educación no cumplieron la orden de traslado al casco urbano, lo que derivó en la medida de arresto. La situación se suma a la creciente lista de sanciones judiciales contra mandatarios regionales por incidentes de desacato.
La Gobernación del Tolima respondió mediante un comunicado, asegurando que sí se realizaron acciones para acercar a la docente a una sede más cercana a Chaparral, incluso sin que el juez hubiera exigido específicamente el traslado al casco urbano. La administración indicó además que ya ordenó su reubicación en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, en el área urbana, en atención a la orden judicial.
“El servicio debía prestarse en zona rural como parte del compromiso del concurso especial, pero atendemos la decisión judicial aunque aún no se haya notificado oficialmente”, indicó Bedoya en el comunicado.
El caso ha generado debate sobre el alcance de las decisiones judiciales frente a los compromisos de los concursos públicos, y sobre la necesidad de garantizar condiciones dignas a los funcionarios en zonas rurales. Por ahora, se espera la resolución oficial de reubicación para evitar que se haga efectiva la sanción contra los funcionarios.
Al Contraste 