El presidente insistiría en la consulta pese al concepto negativo del Senado y desata un pulso jurídico y político en el país.
En medio de una creciente tensión entre el Gobierno Nacional y el Congreso, el presidente Gustavo Petro estaría listo para firmar un decreto de consulta popular antes del 12 de junio, ignorando el resultado adverso que obtuvo la propuesta en la plenaria del Senado el pasado 14 de mayo. Según fuentes del alto Gobierno, la decisión busca dar vía libre a las reformas sociales que han sido bloqueadas en el Legislativo, especialmente la reforma laboral.
La consulta popular fue rechazada por 49 votos contra 47 en el Senado, lo que para el Ejecutivo carece de validez por presuntas irregularidades. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la negativa del Congreso estuvo plagada de “fraudes, trampas y jugaditas”, por lo que consideran que no hubo pronunciamiento válido y se justificaría la convocatoria por decreto, como lo permite la Ley 1757 de 2015.
“La consulta va. Cepeda no dio garantías ni transparencia”, señaló Benedetti en su cuenta de X. El ministro también aseguró que el Gobierno está decidido a avanzar con la reforma laboral alineada con los sindicatos y no con la que fue aprobada parcialmente por la Comisión Cuarta del Senado, que incluyó la posibilidad del trabajo por horas, una figura que Petro calificó como “contrarreforma”.
El mandatario se ha mostrado firme: “El trabajo por horas es peor que los contratos basura y la Ley 50, juntas”. En su visión, será el pueblo en las urnas quien deberá decidir sobre los cambios estructurales que beneficien a la clase trabajadora.
No obstante, la intención presidencial ya fue respondida por el Congreso. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que si se firma el decreto, acudirán al Consejo de Estado para frenar lo que considera una “violación a la autonomía de los poderes públicos”. “Esto es absolutamente ilegal. Las decisiones deben impugnarse en los juzgados, no con un plumazo desde la Casa de Nariño”, sentenció Cepeda.
El decreto, que podría costar cerca de $700.000 millones, generará un nuevo enfrentamiento jurídico y podría sentar un precedente en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mientras tanto, el país se encuentra en plena jornada de paro nacional, con marchas que respaldan al Gobierno y su apuesta por una transformación del modelo laboral.
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