El intento de asesinato contra el senador Miguel Uribe Turbay toma un giro crítico: el celular clave del menor capturado desapareció y su vida estaría en riesgo.
La investigación por el atentado contra Miguel Uribe Turbay se complica. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el celular del menor de edad capturado en el lugar de los hechos desapareció misteriosamente, lo que entorpece el proceso judicial. El dispositivo sería una pieza clave para identificar a los autores intelectuales del ataque.
El menor, de 15 años, fue detenido tras presuntamente atacar al senador durante un evento político en Bogotá. Según fuentes judiciales, el celular contenía conversaciones y posibles instrucciones que podrían revelar quién lo manipuló o reclutó. Hasta el momento, no se sabe cómo ni cuándo desapareció el aparato que debía estar bajo cadena de custodia.
Además del escándalo por la pérdida del dispositivo, la Fiscalía adelanta dos líneas de investigación: una sobre el intento de homicidio, y otra para identificar a los responsables intelectuales. El presidente Gustavo Petro exigió investigar a los agentes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por su reacción tras el ataque y la posible manipulación de evidencia.
El menor podría enfrentar una pena máxima de hasta 8 años de privación de libertad, según el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). No obstante, fuentes indican que estaría dispuesto a colaborar con las autoridades, lo que abriría la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad y reducir su sanción a cambio de información clave.
La directora del ICBF, Astrid Eliana Cáceres, reiteró la necesidad de proteger la identidad y derechos del menor, destacando que ha sido instrumentalizado por adultos para cometer un acto violento. “Los verdaderos criminales son quienes reclutan y manipulan a estos jóvenes”, afirmó, advirtiendo sobre la repetición de estrategias criminales que datan de los peores años del narcotráfico.
Por ahora, el menor permanece bajo custodia y vigilancia especial en el búnker de la Fiscalía, acompañado por psicólogos, defensores públicos y personal del ICBF. Su testimonio sería determinante para desarticular redes criminales que siguen utilizando adolescentes como carne de cañón para evadir la justicia.
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