Mientras la alcaldesa lidera las crisis en Ibagué, la gobernadora guarda silencio ante escándalos regionales.
Dos estilos de liderazgo han quedado en evidencia en medio de las recientes polémicas políticas en el departamento del Tolima. Por un lado, Johana Aranda, alcaldesa de Ibagué, ha enfrentado de manera frontal la crisis generada por el contrato de concesión de los parqueaderos en escenarios deportivos. Del otro, la gobernadora Adriana Magali Matiz ha optado por el silencio frente a denuncias que sacuden a su administración.
Aranda lideró reuniones con concejales, deportistas y padres de familia para atender las inquietudes por el posible cobro de parqueo en espacios públicos. Finalmente, ordenó la liquidación del contrato con el Imdri, en una decisión que fue publicada en la plataforma Secop II. “Estos escenarios deben estar al servicio de quienes los necesitan”, expresó, dejando claro que su gestión prioriza a la comunidad.
Mientras tanto, desde la Gobernación del Tolima, el manejo de situaciones sensibles ha sido completamente distinto. En el caso del senador Ariel Ávila, quien denunció un presunto elefante blanco por $11.000 millones en el acueducto de Armero Guayabal, la respuesta no vino directamente de Matiz. Fue el gerente de la EDAT, Rodrigo Herrera, quien salió al paso, defendiendo el proyecto y atribuyendo los retrasos a factores externos.
El mismo patrón se repite con la adjudicación de un contrato por más de $2.000 millones a la Unión Temporal MARV 5, conformada por Maxempleos SAS, empresa cuestionada por presuntos “contratos corbata” en Medellín. Pese al historial de escándalos de esta firma, la administración departamental firmó el contrato para operar maquinaria pesada sin mayor explicación pública de la gobernadora.
Las diferencias también se hacen evidentes en la manera como ambas mandatarias manejan la comunicación. Aranda ha estado presente en ruedas de prensa, mesas técnicas y espacios comunitarios. Matiz, en cambio, delega las respuestas en funcionarios o guarda silencio institucional, incluso en temas que involucran recursos públicos y señalamientos de presunta corrupción.
Estos contrastes han generado debate en la opinión pública. Mientras la alcaldesa de Ibagué es vista como una figura que enfrenta las crisis de frente, a la gobernadora se le cuestiona por un estilo más hermético. Casos como las irregularidades en salud, cultura y el Hospital Federico Lleras, o el acoso denunciado en la Universidad del Tolima, siguen sin pronunciamientos contundentes de su parte.
En un contexto de creciente desconfianza ciudadana, el liderazgo visible y transparente se convierte en un factor clave. La diferencia entre dar la cara o esconderse ante la controversia podría marcar el rumbo político de ambas mandatarias en los próximos años.
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