Un funcionario ad hoc del alma mater busca tumbar la decisión del Tribunal Superior de Ibagué, que ordenó medidas de protección y fortalecimiento institucional. Juristas advierten que el caso ya tiene cosa juzgada.
La Universidad del Tolima enfrenta una nueva controversia judicial luego de que un funcionario ad hoc, en calidad de vicerrector administrativo y financiero, presentara una acción de tutela contra un fallo de segunda instancia emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué.
La decisión del Tribunal, tomada en el marco de un caso de violencia basada en género, amparó los derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, no discriminación y a un trámite con enfoque de género y diligencia reforzada para una profesora de la institución.
Entre las órdenes impartidas figuran medidas de acompañamiento a la docente, revisión del protocolo interno contra violencias basadas en género y la posibilidad de que la afectada aporte pruebas dentro del trámite. El fallo no incluye sanciones económicas ni perjuicios directos contra la Universidad, sino acciones orientadas a fortalecer sus mecanismos internos de atención y prevención.
El funcionario ad hoc argumenta vulneración del debido proceso, al asegurar que la Universidad no fue notificada de la impugnación presentada por la profesora ni del auto que avocó conocimiento en segunda instancia, lo que —según su escrito— impidió controvertir el recurso.
Juristas consultados advierten que la decisión del Tribunal se ajusta al marco normativo nacional e internacional, y que reabrir el debate podría constituir una revictimización, desconociendo la cosa juzgada constitucional. Además, señalan que el funcionario carecería de legitimación para interponer la tutela, al no acreditar representación legal para este tipo de actuaciones.
En el expediente también se registran cuestionamientos al papel de la Procuraduría Regional del Tolima, por el manejo del impedimento del rector y la falta de información oportuna a la docente sobre este hecho.
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