La adjudicación, por $60 millones, despierta cuestionamientos sobre presuntos favores burocráticos y vínculos políticos en el Tolima.
En medio de la ejecución del Plan de Desarrollo 2023-2032 de la Universidad del Tolima, salió a la luz un contrato que ha generado controversia en el departamento: el beneficiario es Leopoldo Alfonso Iannini, hermano de la actual directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso.
El objeto del contrato, con un valor de 60 millones de pesos y una duración de 10 meses, es brindar asesoría y acompañamiento en la virtualización de programas académicos y de extensión. Entre sus tareas están diseñar la estructura organizacional del proceso, asesorar la creación de contenidos para diplomados bajo metodología E-learning y Bi-learning, dirigir estrategias de formación virtual, seleccionar herramientas tecnológicas y liderar la implementación piloto de estos modelos en la Dirección de Extensión y Proyección Social.
Desde la universidad argumentan que la contratación responde a la necesidad de fortalecer procesos de investigación, innovación y extensión, ante la falta de personal de planta disponible. El contrato está enmarcado dentro de los objetivos institucionales de consolidar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT&I) y aportar soluciones a problemáticas regionales.
Sin embargo, el vínculo familiar del contratista con la directora de Cortolima —considerada cercana al sector político del barretismo— ha despertado cuestionamientos. A esto se suma que el hijo de la funcionaria, Carlos Sanchéz Alfonso, también ocupa un cargo en la Gobernación del Tolima, lo que ha encendido las alertas sobre posibles favores burocráticos y la falta de méritos técnicos en estas designaciones.
La discusión se centra en si la contratación responde realmente a criterios de necesidad académica o si, por el contrario, se trata de un nuevo caso de clientelismo en el Tolima.
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