El anuncio se dio durante el acto de perdón al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, por orden de la Corte IDH. El mandatario aseguró que los nombres de los responsables no serán ocultados.
En un acto histórico de reconocimiento de responsabilidad y ofrecimiento de perdón al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el presidente Gustavo Petro firmó el decreto que ordena la desclasificación de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
“Aquí está un decreto, no es hasta junio. La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora, no es en junio”, afirmó el jefe de Estado durante el evento. El mandatario enfatizó que, aunque el proceso implicará un trabajo de “anonimización” de datos de posibles víctimas, no se borrarán los nombres de los responsables de las violaciones de derechos humanos.
La medida responde a una de las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en marzo de 2024 condenó al Estado colombiano por los hostigamientos, seguimientos e interceptaciones ilegales que durante años sufrió el Cajar, en el marco de las actividades del DAS.
El Colectivo fue víctima de perfilamientos, campañas de desprestigio y vigilancia sistemática por parte de organismos de inteligencia desde la década de 1990. “Decían que nosotros pertenecíamos al comunismo internacional y que éramos sus agentes”, recordó durante el acto Eduardo Carreño Wilches, cofundador del Cajar, al recibir el reconocimiento oficial del Estado.
El fallo de la Corte IDH determinó que el Estado colombiano violó derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento, la honra y la privacidad de los integrantes del Cajar. Además, ordenó al país adoptar 16 medidas de reparación integral, entre ellas la apertura y depuración de los archivos de inteligencia para garantizar el acceso a la información de las víctimas.
El DAS fue desmantelado en 2011 tras el escándalo de las llamadas chuzadas, que involucraron interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y opositores durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Con la firma del decreto, el Gobierno busca cumplir el mandato internacional y avanzar hacia un proceso de verdad y reparación sobre las operaciones de inteligencia del desaparecido organismo.
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