El estancamiento del proyecto en la Comisión Séptima del Senado llevó al presidente Gustavo Petro a ordenar denuncias contra ocho congresistas y a evaluar decretos que permitan avanzar en algunos puntos de la reforma.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro mantiene esfuerzos para reactivar el trámite de la reforma a la salud en el Congreso, en medio de la falta de quórum y de la oposición de varios legisladores de la Comisión Séptima del Senado. La Casa de Nariño anunció una ofensiva jurídica y la posibilidad de nuevas medidas administrativas, mientras persisten las diferencias sobre el aval fiscal del proyecto.
El jefe de Estado ordenó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, emprender acciones legales contra los senadores Miguel Ángel Pinto, Nadia Blel, Esperanza Andrade, Alirio Barrera, Honorio Henríquez, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos y Norma Hurtado, señalados por no incluir el debate en el orden del día.
A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó a los congresistas de generar un “bloqueo institucional” y anunció denuncias ante la Procuraduría y la Corte Suprema, al afirmar que “no quieren trabajar” y que sus agendas estarían concentradas en actividades de campaña.
El punto central del desacuerdo es la falta de consenso sobre el aval fiscal. Los senadores sostienen que no existe un documento que precise el impacto financiero de la reforma, posición que han mantenido desde la llegada del proyecto a la Comisión Séptima. Por esta razón, en las últimas semanas votaron a favor de aplazar la discusión hasta que el Ministerio de Hacienda remita el respaldo requerido.
El Gobierno sostiene que la información sí fue enviada al presidente de la comisión, Miguel Ángel Pinto, y lo invitó a un debate público para aclarar el contenido del documento. Aunque existe un texto proveniente de Hacienda, este lleva la firma de un viceministro técnico y no del ministro Germán Ávila, lo que genera dudas entre algunos parlamentarios sobre su validez y sobre la disponibilidad de recursos.
Ante la falta de avances, el presidente Petro planteó un “plan B” que en sectores políticos fue interpretado como la posibilidad de expedir decretos para introducir cambios al sistema. En el Ministerio de Salud se evalúa qué medidas regulatorias podrían implementarse sin desbordar las competencias legales, mientras equipos jurídicos del Congreso preparan eventuales demandas.
Desde el Capitolio, la senadora Norma Hurtado advirtió que estas alternativas podrían significar una intromisión en la autonomía del Legislativo. También persisten tensiones entre el Gobierno y la bancada del Partido de la U, especialmente en el Valle del Cauca.
En el oficialismo crece la presión para que la Comisión Séptima agende el tercer debate, incluso si la reforma llega a ser archivada, con el fin de apelar, como ocurrió con la reforma laboral. También se analiza volver a convocar movilizaciones ciudadanas e incluso impulsar una consulta popular.
“El trámite no avanza porque no aprueban ni archivan la reforma. Saben que vamos a apelar, igual que con la laboral, que pasó a otra comisión”, señaló el senador Fabián Díaz, de la Alianza Verde.
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