El tercer debate quedó programado para este martes, mientras varios congresistas insisten en que el Ministerio de Hacienda explique de dónde saldrán los recursos para implementar la propuesta.
La Comisión Séptima del Senado incluyó nuevamente en su agenda el proyecto de reforma a la salud, cuyo tercer debate está previsto para este martes 9 de diciembre, una de las últimas sesiones legislativas del año. El articulado figura como primer punto del día debido al mensaje de urgencia que el Gobierno presentó desde finales de octubre, una estrategia que hasta ahora no ha logrado destrabar la discusión.
La insistencia del Ejecutivo ha generado tensiones dentro de la corporación. Incluso, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que podría denunciar a los senadores ante la Corte Suprema de Justicia por presunto prevaricato si no avanzan en el trámite.
Pese a ello, los legisladores han mantenido su posición: antes de abrir el debate, exigen que el Ministerio de Hacienda precise la fuente de financiación de la reforma, cuya implementación recaerá en la próxima administración.
“Lo que pedimos es claridad para los colombianos. Es cierto que el sistema enfrenta dificultades y requiere ajustes, pero esta reforma no tiene aval fiscal”, señaló la senadora Ana Paola Agudelo.
El Gobierno sostiene lo contrario. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que el respaldo fiscal ya fue entregado en etapas anteriores del proceso legislativo y recordó que en agosto de 2025 el Ministerio de Hacienda remitió el documento correspondiente a la Comisión Séptima.
Sin embargo, algunos senadores consideran necesario culminar primero el debate de la ley de financiamiento para conocer el panorama completo de recursos disponibles. Ese criterio se reforzó tras el análisis del Comité de la Regla Fiscal, que advirtió un posible déficit de 126 billones de pesos en la próxima década si la reforma es aprobada. El informe fue solicitado por la senadora Nadia Blel.
“Este análisis confirma que nuestra oposición no es un capricho. Es una postura técnica y responsable”, afirmó la congresista.
Por ahora, el avance del proyecto dependerá de que el Gobierno entregue las cifras requeridas. De lo contrario, la ponencia que propone archivar la iniciativa podría imponerse.
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