El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró oficialmente el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La decisión quedó formalizada en el decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el Ejecutivo se habilita para expedir, durante 30 días, decretos con fuerza de ley orientados a enfrentar el déficit fiscal del presupuesto de 2026, estimado en 16 billones de pesos.

“Declárese el Estado de Emergencia Económica en todo el territorio nacional, por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”, señala el documento. En el mismo texto se establece que el Gobierno podrá adoptar “todas aquellas [medidas] que sean necesarias y estén destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”.

Aunque la expectativa estaba puesta en anuncios inmediatos de nuevos impuestos, el decreto no incluye tributos específicos. Estos deberán definirse en normas posteriores, que también tendrán carácter legislativo mientras esté vigente el estado de excepción.

La declaratoria será objeto de control automático por parte de la Corte Constitucional y de control político por el Congreso de la República. El propio decreto ordena convocar al Congreso para ejercer ese control diez días después de finalizada la emergencia. En paralelo, el alto tribunal estudia la posibilidad de analizar el decreto de manera extraordinaria, ante las dudas sobre su constitucionalidad, e incluso evaluar la suspensión provisional de sus efectos mientras se adopta una decisión de fondo.

Las dudas jurídicas giran en torno a que la Constitución reserva la emergencia económica para hechos sobrevinientes e imprevisibles. Sin embargo, varios de los elementos citados por el Gobierno —como el déficit fiscal y el hundimiento de la reforma tributaria— ya habían sido advertidos y discutidos previamente en el trámite legislativo.

Los argumentos del Ejecutivo

En el decreto, el Gobierno expuso varias razones para sustentar la emergencia. Una de ellas es el cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional que ordena incrementar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se gira a las EPS. Este punto ya había generado tensiones, al punto de que el alto tribunal abrió un incidente de desacato contra Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, por el retraso en ese ajuste.

Otro de los argumentos es la situación de orden público en distintas regiones del país. El Ejecutivo mencionó los casos de Cauca, Cesar y Norte de Santander, así como la necesidad de reforzar los esquemas de seguridad para candidatos en el marco del proceso electoral. Según el decreto, estos factores implicarían un gasto adicional de 3,7 billones de pesos.

El tercer eje de justificación hace referencia al hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. “La concurrencia de los mencionados hechos económicos exacerba las presiones de liquidez, elevando los riesgos de refinanciamiento y afectando la continuidad de programas y obligaciones indispensables”, indica el documento, que también menciona el pago de deuda pública, obligaciones contractuales y sentencias judiciales.

El decreto incluye además otros factores: los efectos de la ola invernal, obligaciones legales y contractuales atrasadas, restricciones al endeudamiento —con referencia a la crisis diplomática con Estados Unidos—, limitaciones de caja en la Tesorería General, la crisis posterior a la pandemia y lo que el Ejecutivo califica como un crecimiento inflexible del gasto público.

Con la emergencia ya declarada, el Gobierno tiene vía libre para expedir los decretos que definan los nuevos tributos. Al mismo tiempo, el debate jurídico y político queda abierto, a la espera de las decisiones de la Corte Constitucional y del control que ejerza el Congreso sobre una de las medidas más sensibles del Ejecutivo en lo que va del año.