Un decreto del Gobierno habilitó el desmonte del subsidio al diésel para vehículos particulares, diplomáticos y oficiales. La medida arrancaría en Bogotá y 68 municipios de diez departamentos, mientras se define una metodología de precios que tardaría meses en aplicarse.
El Gobierno nacional expidió un decreto que permite eliminar el subsidio al diésel para vehículos de uso particular, diplomático y oficial, dejando por fuera al transporte de carga y de pasajeros. El ajuste no será inmediato ni generalizado: su aplicación comenzará de forma gradual y limitada a algunos territorios.
Según lo previsto, la primera fase se implementaría en Bogotá y en 68 municipios de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.
El decreto establece que los ministerios de Hacienda y de Minas y Energía tendrán un plazo de seis meses para reglamentar la metodología que definirá el ingreso al productor del diésel para estos tipos de vehículos. En ese mismo periodo deberán fijarse las reglas de operación, vigilancia y control del mecanismo diferencial de precios.
Una vez expedida esa reglamentación, la entrada en funcionamiento del nuevo esquema requerirá un tiempo adicional. Entre tanto, el Gobierno hará seguimiento al impacto del desmonte antes de decidir si extiende la medida al resto del país.
Desde el sector minorista de combustibles, los gremios Comce y Fendipetróleo advirtieron que la reglamentación deberá ser precisa para evitar fallas en la operación de las estaciones de servicio. “Es indispensable que dicha reglamentación sea clara, oportuna y técnicamente viable, para evitar confusión entre usuarios y riesgos operativos”, señalaron.
Los gremios también plantearon que una aplicación parcial podría incentivar el traslado de consumidores hacia municipios con precios más bajos, afectando la competencia y el equilibrio de ventas en las más de 6.400 estaciones de servicio del país. Además, recordaron que el sector genera más de 50.000 empleos formales, un factor que —según indicaron— debería tenerse en cuenta en cualquier ajuste de la política de precios.
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