La entidad reconoció que tiene cuentas bloqueadas por 95 procesos judiciales iniciados por IPS. Señaló que la falta de flujo de recursos amenaza la prestación de servicios en todo el país.
La Nueva EPS admitió que su operación se encuentra en riesgo tras la ejecución de embargos judiciales que afectan sus cuentas bancarias y comprometen la atención de cerca de 11 millones de afiliados en todo el país.
En un comunicado público, la entidad confirmó que enfrenta 95 procesos judiciales promovidos por instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), los cuales derivaron en embargos cercanos a los 2,1 billones de pesos, como reclamo por facturas no pagadas. Como consecuencia, varias de sus cuentas permanecen bloqueadas y parte de sus recursos retenidos.
“Esos recursos tienen un impacto importante en la prestación de servicios de salud y el flujo de recursos hacia la red prestadora y gestores farmacéuticos a nivel nacional”, reconoció la EPS. En el mismo documento señaló que, en este momento, su operación depende casi exclusivamente del giro directo semanal que recibe para mantenerse en funcionamiento.
La situación financiera de Nueva EPS se da en un contexto marcado por la falta de información pública sobre sus estados financieros de los años 2023, 2024 y 2025, los cuales no han sido divulgados. A esto se suma que la entidad permanece intervenida y que en los últimos años absorbió una parte significativa de los afiliados de EPS liquidadas.
Mientras tanto, clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos han comenzado a suspender o limitar la atención a los usuarios de la EPS ante la falta de pagos. La entidad advirtió que, de mantenerse los embargos, el impacto no solo recaerá sobre su operación administrativa, sino sobre una red aproximada de 5.000 prestadores que dependen en gran medida de sus recursos.
“Si los embargos se mantienen, la operación de Nueva EPS se verá seriamente comprometida y no podrá operar administrativamente”, sostuvo la entidad, al tiempo que alertó sobre el riesgo para la sostenibilidad financiera de su red de atención.
Nueva EPS también cuestionó que cerca del 80 % de los embargos provengan de instituciones privadas y planteó reparos frente a decisiones judiciales que, según la entidad, habrían afectado recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), los cuales considera inembargables. La controversia se mantiene mientras millones de afiliados siguen a la espera de atención médica y suministro regular de medicamentos.
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