Tras una disputa jurídica que se prolongó por varios años, el Consejo de Estado emitió un fallo definitivo que obliga a la Alcaldía de Ibagué a elaborar durante 2026 el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de la Concha Acústica y el Parque Centenario, un proceso impulsado por el concejal Andrés Zambrano.
La discusión jurídica alrededor de la Concha Acústica de Ibagué llegó a su punto final. El Consejo de Estado dejó en firme una orden que obliga a la Alcaldía a formular el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de este escenario cultural y del Parque Centenario, una deuda que se arrastra desde hace varios años.
El concejal Andrés Zambrano, quien promovió las acciones judiciales, explicó que el fallo ratifica decisiones previas que ya habían sido favorables en instancias inferiores. “La discusión legal se cerró. No hay más recursos ni excusas para seguir aplazando el PEMP”, afirmó.
Según Zambrano, la administración municipal intentó frenar las órdenes judiciales mediante impugnaciones y una acción de tutela, pero todas fueron negadas. “Incluso acudieron a tutela y también la perdieron. El mandato ahora es claro y tiene plazo”, señaló el cabildante.
El PEMP es el instrumento que define cómo debe protegerse y manejarse un bien de interés cultural. Para Zambrano, su ausencia ha sido uno de los factores que explican el deterioro y el prolongado abandono del escenario. “Sin PEMP, la Concha ha quedado a merced de la improvisación”, sostuvo.
El concejal también recordó que la Alcaldía anunció en distintos momentos la entrega de las obras y el uso del escenario para eventos de alto impacto cultural. “Se dijo que allí se haría el Festival Folclórico de 2025 y no ocurrió. Luego anunciaron la entrega en diciembre y tampoco pasó”, dijo.
A esta situación se suma la incertidumbre sobre la realización del Festival Nacional de la Música Colombiana, programado para marzo, mientras que la entrega de las obras fue anunciada, según versiones oficiales, para abril.
Con el fallo ya ejecutoriado, Zambrano insistió en que la administración municipal deberá explicar públicamente cómo cumplirá la orden judicial y en qué plazos avanzará la formulación del PEMP, un requisito que ahora tiene carácter obligatorio para el futuro de uno de los escenarios culturales más emblemáticos de Ibagué.
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