Afiliados relatan dificultades para acceder a medicamentos de alto costo y tratamientos urgentes, mientras la EPS enfrenta embargos por deudas con IPS. Más de 11,7 millones de usuarios permanecen a la espera de soluciones.
La falta de medicamentos y la interrupción de tratamientos se han convertido en una constante para miles de afiliados a Nueva EPS, la entidad prestadora de salud con mayor número de usuarios en el país. Con 11,7 millones de afiliados y 23 meses bajo intervención, la EPS enfrenta un escenario financiero marcado por embargos y deudas con instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), una situación que hoy se refleja directamente en la atención a los pacientes.
Fanny Ayerbe, de 37 años, vive con hipertensión pulmonar y depende de un medicamento de alto costo que debe consumir a diario. Desde diciembre espera la autorización para recibir treprostinil, fármaco indispensable para mantenerse con vida. “Estoy sin medicamento, arriesgando mi vida. Solo tengo para unas horas y no puedo alterarme porque el corazón me está fallando”, relató.
Ayerbe salió hospitalizada a comienzos de 2026 con una orden médica que advertía la urgencia del tratamiento, pero al acudir a la gestora farmacéutica le informaron que no había entrega porque Nueva EPS no había hecho los pagos correspondientes. “He pensado suspender el tratamiento porque esta angustia que vivo me enferma más, y el médico me respondió que hacerlo sería como quitarme la vida”, dijo.
Según la paciente, las quejas ante la Superintendencia de Salud dejaron de tener respuesta. Ahora, su única expectativa está puesta en una acción de tutela y un incidente de desacato que aún no se resuelven.
Casos como el de Fanny se repiten en distintas regiones del país. La situación financiera de Nueva EPS se agravó luego de que 95 IPS interpusieran procesos judiciales por falta de pago, lo que derivó en el embargo de sus cuentas bancarias. Como resultado, la entidad tiene cerca de 2,1 billones de pesos congelados, lo que limita su capacidad operativa diaria y la obliga a depender del giro directo semanal del Ministerio de Salud para cubrir algunos servicios.
La entidad no se ha pronunciado públicamente frente a las denuncias de los usuarios. Mientras tanto, el debate se trasladó al escenario político. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuestionaron recientemente a las IPS que promovieron los embargos. Sin embargo, las clínicas y hospitales alegan que prestaron servicios sin recibir los pagos correspondientes, lo que también comprometió su funcionamiento.
En medio de ese cruce de responsabilidades, los pacientes aseguran ser los principales afectados. Laura Fernanda Tapiero permanece hospitalizada desde agosto en una unidad de cuidados intensivos. Fue diagnosticada con una enfermedad huérfana que requiere un medicamento de alto costo que, según su familia, no llega de manera oportuna.
“La demora del medicamento hace que mi esposa recaiga. Ya llevamos un semestre en hospitalización debido a que la EPS no lo entrega rápido”, afirmó Alexis Rayo, su esposo. La familia, oriunda del Tolima, ha tenido que permanecer en Bogotá durante la hospitalización, asumiendo gastos que superaron su capacidad económica. “Cuando solicitan el medicamento, este llega un mes después y en todo ese tiempo su cuadro médico se agrava”, agregó.
Mientras persisten los embargos, los procesos judiciales y las discusiones entre el Gobierno, la EPS y las IPS, los afiliados continúan esperando atención, medicamentos y respuestas claras sobre el futuro de la entidad que concentra el mayor número de usuarios del sistema de salud en Colombia.
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