El proceso involucra al mandatario municipal, a un secretario de despacho y a dos contratistas, por supuestas irregularidades en un contrato que habría superado el tope de la mínima cuantía y utilizado cotizaciones presuntamente alteradas.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al alcalde de San Antonio, Tolima, José Dayler Lasso Mosquera, y al secretario de Planeación municipal, Miguel Andrés Capera Hernández, por su presunta participación en hechos irregulares relacionados con un contrato para la compra de llantas destinadas a una motoniveladora.
De acuerdo con el ente acusador, un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de falsedad en documento privado, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
En el mismo proceso fueron judicializados, en calidad de intervinientes, los contratistas Fabián Danilo Durán Briñez y Fabián Ernesto Zambrano Hernández, a quienes se les atribuyeron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Los hechos investigados se habrían registrado en marzo de 2024, cuando, según la Fiscalía, el alcalde y el secretario de Planeación se habrían interesado en favorecer a un consorcio integrado por Durán Briñez y Zambrano Hernández, mediante la contratación de repuestos para maquinaria pesada por un valor superior a los 33 millones de pesos, pese a que el límite permitido para la modalidad de mínima cuantía era de 29.978.789 pesos.
El material probatorio indica que una de las propuestas comerciales, que contenía cotizaciones presuntamente irregulares y que habría sido elaborada por el secretario de Planeación, fue entregada a los contratistas y superaba el valor de otras dos ofertas que se ajustaban a los precios reales del mercado.
La Fiscalía también estableció que los valores consignados en las cotizaciones habrían sido modificados y que una de las firmas no coincidía con la del proponente, quien además no habría radicado dicho documento ante la Alcaldía de San Antonio.
Según la investigación, el alcalde, en su calidad de responsable de realizar la invitación pública del proceso de mínima cuantía, habría utilizado las cotizaciones presuntamente adulteradas para adelantar el trámite contractual, el cual finalmente fue adjudicado al consorcio mencionado.
En cuanto a los contratistas, la Fiscalía señaló que Durán Briñez actuó como representante legal del consorcio y firmó los documentos precontractuales y contractuales, mientras que Zambrano Hernández habría aportado, entre otros, los documentos relacionados con la supuesta experiencia del consorcio para suministrar los elementos requeridos.
Durante la audiencia, ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados.
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