El Gobierno nacional expidió un nuevo decreto para fijar de manera transitoria el aumento del salario mínimo en 2026, en cumplimiento de una solicitud del Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el alza decretada a finales de 2025.

La nueva norma mantiene el incremento del 23 %, lo que fija el salario mínimo en 1’750.905 pesos, más el auxilio de transporte, mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo sobre la legalidad del ajuste.

La medida se da en medio del proceso judicial que evalúa si el aumento cumplió con los parámetros establecidos por la ley, como la inflación, la productividad y el crecimiento económico. El tribunal había señalado que estos criterios no estaban suficientemente explicados en el decreto anterior.

El nuevo documento incluye la justificación del incremento y reconoce que, de haberse aplicado únicamente criterios técnicos, el aumento habría sido de 13,6 %. El porcentaje adicional, equivalente a 9,4 puntos, se sustenta en la brecha frente al denominado salario vital, concepto promovido por la Organización Internacional del Trabajo.

El decreto fue firmado por el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en el contexto de movilizaciones de apoyo al Gobierno.

Según análisis jurídicos, el Consejo de Estado podría considerar que el nuevo decreto reproduce el anterior, lo que eventualmente derivaría en medidas por posible desacato. En ese escenario, el tribunal podría asumir la fijación del salario mínimo.

Mientras se resuelve el proceso, los más de 2,4 millones de trabajadores que devengan el salario mínimo deberán seguir recibiendo el incremento del 23 %.

El aumento ha generado posiciones divergentes. Desde el sector empresarial, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), ha planteado la necesidad de hacer un esfuerzo para mantener el ajuste, mientras que Jaime Alberto Cabal ha advertido sobre posibles efectos en el empleo.

En paralelo, estudios económicos han proyectado impactos en el mercado laboral. Un informe de Fedesarrollo estimó la posible pérdida de hasta 600.000 empleos formales, mientras que análisis de Bancolombia calculan una afectación de hasta 734.000 puestos de trabajo.

Por su parte, el equipo técnico del Banco de la República ha señalado que el incremento podría generar presiones inflacionarias, con proyecciones de inflación de 6,3 % para 2026 y 3,7 % para 2027.