La investigación reveló que Valero González aprovechó su posición para direccionar contratos relacionados con la remodelación de escenarios deportivos en la Unidad Deportiva de la calle 42 con carrera 5, obteniendo beneficios personales y favoreciendo a terceros.

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas que demostraron cómo el exasesor recibió sobornos de Jorge Alexánder Pérez, conocido como «El Chatarrero», quien también enfrenta un proceso penal. Se descubrió además que Valero alteró índices financieros y manipuló documentos licitatorios para favorecer a un consorcio que incluía una empresa española. Reuniones clandestinas celebradas en enero de 2015 permitieron coordinar los términos para adjudicar el contrato de manera irregular.

El desfalco de los Juegos Nacionales, que ascendió a miles de millones de pesos, dejó a Ibagué sin los escenarios deportivos prometidos, afectando no solo la infraestructura de la ciudad, sino también su reputación y la calidad de vida de los deportistas locales. Este caso se ha convertido en un ejemplo emblemático de corrupción en la gestión de recursos públicos.

La sentencia de 34 meses se dio gracias a un preacuerdo entre la Fiscalía y Valero González, en el que el acusado aceptó los cargos a cambio de una reducción de la pena. Sin embargo, esta condena no incluyó el pago de multas ni la inhabilidad para ocupar cargos públicos, lo que ha generado críticas por parte de la ciudadanía, que exige sanciones más contundentes.

El impacto de esta red de corrupción no solo se refleja en los responsables condenados, sino también en los escenarios deportivos inconclusos que quedaron como símbolo del mal manejo administrativo. La ciudadanía y diversas organizaciones locales han exigido que los procesos pendientes contra otros implicados, como Jorge Alexánder Pérez, sean resueltos con celeridad para que todos rindan cuentas ante la justicia.

Este caso pone en evidencia la urgente necesidad de implementar medidas más estrictas en los procesos de contratación pública. Entre las propuestas destacan auditorías independientes, mayores controles ciudadanos y sanciones ejemplares para quienes se aprovechan de los recursos públicos.

El escándalo de los Juegos Nacionales seguirá siendo un recordatorio del impacto devastador de la corrupción. Aunque las condenas avanzan, el desafío continúa: ¿serán estas sentencias suficientes para prevenir futuros desfalcos en Ibagué y el país?