El Ministerio Público pidió a la Alcaldía un informe urgente sobre los avances en el convenio con el INPEC, ante preocupante panorama de hacinamiento.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Ibagué un informe detallado sobre los avances del Convenio Interadministrativo No. 1557 de 2024, firmado con el INPEC, que busca mejorar las condiciones del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Ibagué (COIBA). La entidad advirtió que solo se ha cumplido el 30% de los compromisos pactados.
Durante una visita en los primeros meses de 2025, el director del COIBA confirmó que, aunque se recibió una prórroga de cuatro meses para ejecutar el convenio, los retrasos son evidentes. Entre los pocos avances se menciona la publicación en SECOP de la oferta para adquirir dos busetones por valor de $1.000 millones.
Hacinamiento vuelve a dispararse pese a reducciones previas
Uno de los datos más preocupantes revelados por la Procuraduría es que el hacinamiento en la permanente central de Ibagué, que había disminuido a comienzos de año, volvió a superar el 200%. El fenómeno, según el ente de control, se debe a los atrasos en la ejecución del convenio, lo que podría llevar nuevamente a escenarios críticos como los registrados en años anteriores, donde el hacinamiento alcanzaba hasta el 700%.
Las verificaciones fueron realizadas por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué y por las Procuradurías judiciales penales, durante visitas periódicas al centro de detención transitoria.
Llamado urgente a cumplir el convenio con el INPEC
La Procuraduría recordó que el objetivo del convenio es aunar esfuerzos administrativos, jurídicos, tecnológicos y logísticos para mejorar el sistema carcelario en la región, y evitar vulneraciones a los derechos de las personas privadas de la libertad. Además, busca aliviar la saturación de los centros de reclusión y fortalecer la infraestructura penitenciaria de Ibagué.
La actuación preventiva del Ministerio Público busca anticiparse a nuevas crisis humanitarias en el sistema penitenciario local y exige acciones inmediatas de la administración municipal.
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