La Fundación para la Libertad de Prensa advirtió sobre el riesgo de criminalizar al periodismo y cuestionó posibles abusos de poder en el Tolima.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) expresó su preocupación por los señalamientos del gobernador (e) del Tolima, Alexander Castro Salcedo, quien calificó a ciertos medios como “pseudo medios de comunicación” y los comparó con “francotiradores” y “sicarios morales”. Las declaraciones se dieron en una rueda de prensa el pasado 25 de abril, generando rechazo por parte de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
En una carta oficial enviada el 2 de mayo, la FLIP enfatizó que los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar los derechos fundamentales, incluido el de la libertad de prensa. Aunque es legítimo controvertir información, advirtió que esto debe hacerse por vías democráticas, como la solicitud de rectificación o réplica, y no con discursos que estigmaticen a los periodistas.
Además, la organización respondió a las acusaciones de Castro sobre la supuesta falta de contacto de los medios señalados. Según la FLIP, estos cuentan con canales activos en redes sociales y números telefónicos, lo que permite establecer comunicación directa para ejercer el derecho a la defensa.
La FLIP también manifestó su preocupación por la intención del funcionario de contactar a la Fiscalía y a plataformas digitales como Facebook para rastrear la identidad de quienes escriben en los medios. Estas acciones, alertó la organización, pueden generar un ambiente de hostilidad o violencia contra quienes ejercen el periodismo.
Señalamientos preocupantes y contexto regional
El contexto detrás de estas declaraciones está relacionado con la adjudicación de un contrato por $1.730 millones a la Fundación Artística, Deportiva y Cultural 369 (Funcultura 369), creada en agosto de 2024. La entidad no tendría experiencia previa y tendría presuntos vínculos personales y políticos con el secretario Castro, quien también ocupa el cargo de secretario de Cultura.
Reportes periodísticos denuncian que el proceso de contratación fue acelerado y direccionado, lo que ha generado críticas sobre una posible falta administrativa grave. Aunque desde la Gobernación se defiende la legalidad del contrato, los medios han solicitado que los órganos de control investiguen lo ocurrido.
En su pronunciamiento, la FLIP advirtió que equiparar la labor periodística con la delincuencia es un discurso que deslegitima la prensa y puede derivar en riesgos para periodistas. Recordó que en 2024 se registraron 530 agresiones a periodistas en Colombia, incluyendo amenazas, ataques y desplazamientos, muchos de ellos por parte de grupos armados.
Llamado a respetar la libertad de prensa
La Fundación hizo un llamado enfático al gobernador encargado para que se abstenga de emitir declaraciones estigmatizantes y, en cambio, recurra a los mecanismos legales si considera que ha sido vulnerado. Reiteró su disposición a dialogar y brindar orientación para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la libertad de expresión y de prensa.
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