Una investigación de La Silla Vacía reveló cómo recursos del Ministerio de Salud terminaron en manos de contratistas cercanos al oficialismo, con procesos exprés y vínculos políticos.
Una investigación de La Silla Vacía reveló indicios de un presunto carrusel de contratación con recursos del Ministerio de Salud, en el que participaron empresas cercanas a contratistas y políticos del Pacto Histórico. En total, fueron $234 mil millones destinados a obras hospitalarias en seis regiones del país, ejecutadas por consorcios donde figuran TGA Asociados, Carlos Olarte Martínez y los hermanos Tarazona Torres.
Las licitaciones se dieron bajo condiciones inusuales: en cinco de los seis contratos solo hubo un oferente, y se otorgaron en procesos exprés de 1 a 3 días hábiles. Además, varios de los perfiles técnicos fueron usados repetidamente en distintas propuestas, incluso con jornadas laborales superpuestas, lo que genera dudas sobre la idoneidad y transparencia de los procedimientos.
Contratistas, interventores y supervisores: una red de vínculos cruzados
Más allá de las licitaciones exprés, La Silla Vacía encontró vínculos directos entre los contratistas y las interventorías que deberían vigilarlos. Por ejemplo, Edicol, fundación interventora en cuatro proyectos, tiene nexos familiares y profesionales con Carlos Olarte. Además, fue denunciada por presentar certificaciones falsas, lo que obligó a revocar el contrato en Mitú (Vaupés), donde la obra sigue detenida.
Sitelsa, otra firma interventora, también aparece ligada a TGA Asociados y a la empresa Discep, socia en algunos contratos. Incluso, trabajadores que antes fueron parte de las firmas interventoras terminaron supervisando las mismas obras como funcionarios hospitalarios.
A pesar de estas relaciones, los contratos fueron habilitados con anticipos de hasta el 40%, lo que permitió a los consorcios disponer de cerca de $90 mil millones sin poner un solo ladrillo.
Rentabilidad política: créditos a congresistas y promoción electoral
Aunque el Ministerio asegura que la asignación de recursos responde a criterios técnicos, el ministro Guillermo Jaramillo ha entregado públicamente créditos políticos a congresistas afines al gobierno. Por ejemplo, en Huila, reconoció la gestión de la representante Leyla Rincón; en Mitú, al representante de La U, Camilo Ávila; y en Santander, posó junto a la senadora Gloria Flórez, quien recibió apoyo electoral de los contratistas.
En paralelo, figuras cercanas al ministro también se han visto beneficiadas. Juan de Dios Tarazona, exmilitante del M-19 y aliado histórico de Petro, fue contratado por el hospital de Málaga como gestor de recursos, y luego por el Ministerio como enlace en Santander, donde incluso promovió marchas del Pacto Histórico.
Contratistas se defienden, pero el escándalo crece
Mauricio Tarazona, uno de los contratistas, afirmó que su único vínculo político es su hermano Germán, y que “lo público es muy tenaz, uno se presenta y vienen conjeturas y mentiras”. Por su parte, Carlos Gutiérrez, socio en los consorcios, dijo que no ve conflictos de interés, pese a aparecer registrado en documentos de empresas interventoras.
El ministro Jaramillo, aunque ha solicitado controles preventivos a entes de vigilancia, insiste en que no tiene relación con los contratistas, pese a haber visitado obras junto a ellos y con políticos aliados.
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