Mandatarios locales le exigieron al presidente Petro más seguridad, inversión social y atención para regiones olvidadas.
Durante el Congreso Nacional de Municipios celebrado en Cartagena, el presidente Gustavo Petro enfrentó un ambiente cargado de inconformismo y reclamos por parte de varios alcaldes del país, quienes expusieron la crítica situación de seguridad y la falta de apoyo estatal en sus territorios.
Uno de los momentos más tensos lo protagonizó la alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, al denunciar que su municipio ha sufrido más de 60 ataques armados. “Tenemos 26 mil víctimas. Recientemente un menor de 11 años fue secuestrado. Esto no es discurso, es la cruda realidad”, afirmó visiblemente afectada. Señaló además la ausencia de inversión social y herramientas tecnológicas para combatir la violencia.
En la misma línea, Graciela Hernández, alcaldesa de Puerres (Nariño), reprochó la falta de desembolso de recursos, asegurando que ministerios ignoran a los mandatarios locales pese a contar con proyectos viabilizados. El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, advirtió que el “plan pistola” y el narcotráfico tienen en alerta a los municipios: “La paz total solo será posible si primero se garantiza la seguridad”, enfatizó.
Pero fue la intervención de Ana Dolorez, alcaldesa de Mutiscua (Norte de Santander), la que generó mayor controversia por su lenguaje directo. “Yo soy campesina, o sea no sé hablar, de malas el hijue… que no me entienda”, dijo, reclamando soluciones frente a las restricciones ambientales que afectan a los campesinos de su municipio y pidiendo un subsidio para personas en condición de vulnerabilidad.
La respuesta del presidente Petro fue centrada en las dificultades fiscales de su gobierno, responsabilizando al Congreso y a la Corte Constitucional por el hundimiento de reformas tributarias: “Se intentó un ahorcamiento financiero del Gobierno”, declaró. También insistió en que no se puede imprimir dinero y que la riqueza debe provenir de la producción nacional.
La jornada, marcada por la frustración de los mandatarios locales y un evidente distanciamiento entre el Gobierno nacional y las regiones, terminó sin resoluciones concretas, pero con el eco de una consigna clara: los alcaldes exigen presencia, inversión y garantías para gobernar en medio del abandono.
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