La llegada de Montealegre al gabinete de Petro reaviva el debate político y judicial en Colombia.
El presidente Gustavo Petro designó oficialmente al exfiscal Eduardo Montealegre como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Ángela María Buitrago, quien dejó el cargo tras denunciar presiones del ministro del Interior, Armando Benedetti. El anuncio generó fuertes reacciones debido a la trayectoria del exfiscal y su rol como víctima acreditada en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez.
Montealegre, también exmagistrado de la Corte Constitucional, ha sido uno de los asesores del mandatario en la controversial propuesta de convocar una consulta popular por decreto, luego de que esta fuera rechazada por el Senado. En declaraciones recientes, defendió la legalidad del “decretazo” y aseguró que el trámite legislativo tuvo vicios insubsanables de inconstitucionalidad.
La designación ha sido interpretada por analistas y sectores políticos como una jugada de Petro para fortalecer su estrategia jurídica frente a las reformas sociales y al choque de poderes con el Congreso. “El presidente se prepara para una batalla jurídica con el Congreso y las altas cortes”, comentó el periodista Julio Sánchez Cristo al conocer la noticia.
No obstante, la polémica también gira en torno a los contratos estatales recibidos por Montealegre. Según denunció el concejal del Centro Democrático, Daniel Briceño, el nuevo ministro habría recibido más de $1.700 millones en contratos con entidades como RTVC y la aseguradora estatal Positiva, a través de su firma Economía Derecho y Sociedad S. A. S.
Además de su papel como víctima en el proceso contra Uribe, Montealegre cuenta con una larga trayectoria en el sector público, donde ha sido cercano a gobiernos de Uribe, Santos y ahora Petro. Su nombramiento promete reconfigurar el escenario político y judicial, justo cuando el país enfrenta tensiones institucionales por las reformas y la consulta popular.
¿Será este el movimiento clave que incline la balanza a favor del Gobierno? Todo indica que Montealegre jugará un rol estratégico en los próximos meses, especialmente en la defensa legal de las reformas sociales y en el debate sobre la separación de poderes en Colombia.
Al Contraste 