El presidente Gustavo Petro firmará el decreto que convoca a consulta popular el 7 de agosto, en medio de una creciente crisis institucional y tensiones políticas.
El presidente Gustavo Petro está listo para firmar este miércoles el decreto que convoca oficialmente la consulta popular, fijada para el próximo 7 de agosto. La decisión se toma en medio de una crisis institucional, marcada por el reciente atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay y más de 30 hechos violentos registrados en los primeros diez días de junio.
Pese al llamado de sectores políticos y sociales a detener el proceso, el Gobierno insistió en avanzar. Todos los ministros del gabinete firmaron el decreto, bajo la advertencia de que quien se negara a hacerlo tendría que abandonar su cargo. Aunque el acto simbólico estaba planeado en Cali, por temas de seguridad, Petro podría firmarlo finalmente en Bogotá.
El texto legal fue elaborado por el nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien sostiene que el Congreso incurrió en irregularidades al rechazar la consulta. Según su análisis, la Plenaria del Senado cerró la votación en apenas tres minutos y desestimó una impugnación formal interpuesta por la senadora María José Pizarro.
La firma del decreto ocurre el mismo día en que el Congreso reactiva el debate final de la reforma laboral, uno de los pilares del Gobierno y cuyo contenido se cruza con 12 de las preguntas propuestas en la consulta. Este punto ha sido clave para que muchos congresistas rechacen el mecanismo de participación promovido por el Ejecutivo.
La figura de Miguel Uribe, actualmente hospitalizado en estado crítico, ha marcado el debate. Su atentado reavivó el fantasma de la violencia política, generando reacciones como la del expresidente Juan Manuel Santos, quien pidió a Petro no firmar el decreto como gesto de reconciliación nacional. No obstante, el presidente sigue firme en su plan: llevar la reforma a las urnas, cueste lo que cueste.
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