La administración departamental adjudicó un contrato por más de $2.000 millones para operar maquinaria pesada, en medio de cuestionamientos por posibles irregularidades.
La Gobernación del Tolima firmó un contrato por $2.067.847.127 con la Unión Temporal MARV 5, conformada por las empresas IMS SAS y Maxempleos SAS, para operar maquinaria pesada y volquetas pertenecientes al departamento y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El propósito es atender emergencias viales, intervenir puntos críticos y ejecutar labores de mantenimiento en la red vial de los municipios y del nivel departamental.
Detalles del contrato
· Número de contrato: 2241 de 2025
· Fecha de legalización: 26 de mayo de 2025
· Duración: 90 días calendario (hasta el 23 de agosto de 2025)
· Entidad contratista: Unión Temporal MARV 5
· Empresas integrantes:
o Maxempleos SAS: 95% de participación
o IMS SAS: 5% de participación
· Representante legal principal: Diana Maryuri Díaz Delgado (IMS SAS)
· Representante suplente: Jacqueline González Loaiza (Maxempleos SAS)
¿Qué incluye el contrato?
El contrato contempla la prestación de servicios de outsourcing y el suministro de:
· Inspectores viales, mecánicos, conductores, ingenieros y coordinadores de campo
· Una tractomula y una camioneta disponibles 24/7
· Equipos y personal para atención de emergencias viales
· Registro de uso de combustible y kilometraje de los vehículos
· Informes mensuales con evidencia fotográfica
· Capacitación en normas de seguridad industrial y salud ocupacional
Ejecución financiera
· CDP: N.º 1320 y 1321 de febrero de 2025
· Pagos:
o 90% contra entrega de informes parciales
o 10% restante tras liquidación del contrato
· Facturación: a cargo de la Unión Temporal MARV 5, coordinada por su representante legal
¿Quién es Maxempleos SAS y por qué genera alertas?
La empresa Maxempleos SAS, que tiene el 95% de participación en este contrato del Tolima, ha sido protagonista de múltiples escándalos de contratación a nivel nacional. En Medellín, durante la administración de Daniel Quintero, se le adjudicaron contratos por más de $34.000 millones a través del canal público Telemedellín, para el suministro de personal, muchos de los cuales han sido denunciados como «contratos corbata».
Según investigaciones de Caracol Radio, personas contratadas por Maxempleos en Telemedellín no asistían a trabajar ni ejecutaban funciones, y estaban presuntamente vinculadas a campañas políticas del Partido Independientes. Además, la Procuraduría General de la Nación adelanta investigaciones por pérdidas de más de $6.000 millones y el uso irregular de equipos tecnológicos dentro del canal.
Pese a estas denuncias, en noviembre de 2023, Telemedellín adicionó por quinta vez $800 millones al contrato con Maxempleos, elevando el total de recursos ejecutados en ese año a más de $11.700 millones. Esto, en contra de la solicitud del entonces alcalde electo Federico Gutiérrez, quien había pedido suspender contrataciones en el conglomerado público.
¿Repetirá el Tolima errores de Medellín?
Aunque no se han presentado denuncias concretas en el Tolima sobre el actual contrato, el historial reciente de Maxempleos genera preocupación sobre la transparencia y ejecución real de los recursos públicos. El hecho de que esta firma figure como socia mayoritaria en la Unión Temporal MARV 5 —encargada de operar equipos clave en la infraestructura vial del departamento—, pone en la lupa la vigilancia por parte de entes de control.
En un momento en que la opinión pública reclama mayor control sobre la tercerización estatal, este contrato resalta la necesidad de hacer seguimiento a cada peso ejecutado, especialmente cuando empresas cuestionadas reaparecen en procesos sensibles para la comunidad.
El reto para la Gobernación será demostrar que este proceso no se convertirá en otro caso de gasto ineficiente o politización de la contratación pública.
DATO
Esta no es la única polémica que envuelve a la actual administración departamental, ya que como es de conocimiento de la opinión pública se han registrado varias irregularidades en diferentes carteras como la de salud y Cultura, además, de las irregularidades en el Hospital Federico Lleras, a su vez, el caso de acoso a una funcionaria de la Universidad del Tolima por parte del rector, entre otras.
Ante esto la ciudadanía espera respuestas por parte de la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien al parecer ha guardado un silencio cómplice.
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