Una visita al centro de reclusión dejó al descubierto las condiciones críticas en infraestructura, salud y alimentación.
La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta urgente tras una visita a la Estación de Policía y la Unidad de Reacción Inmediata (URI) Permanente Central de Ibagué, donde se constató un hacinamiento del 310 %, junto a graves deficiencias en atención médica y problemas en la infraestructura.
El informe reveló demoras en el suministro de alimentos para las personas privadas de la libertad, fallas en los traslados a centros médicos y carencia de personal de salud dentro del lugar. La situación vulnera los derechos fundamentales de los internos, según lo constatado por el ente de control.
Frente a estos hallazgos, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía de Ibagué, la Gobernación del Tolima, la USPEC y otras entidades, que gestionen de manera urgente el traslado de internos al complejo carcelario de Picaleña para mitigar el hacinamiento.
También se pidió asignar personal médico, garantizar atención en salud, reparar celdas deterioradas, baños, techos y habilitar espacios, aunque sean virtuales, para permitir visitas familiares a los detenidos.
Finalmente, la entidad advirtió que el incumplimiento de estos requerimientos y de las decisiones judiciales vigentes constituye una falta disciplinaria. Por eso, llamó a las autoridades responsables a actuar de inmediato para proteger la vida, salud, dignidad e integridad de quienes se encuentran en ese centro de reclusión.
Al Contraste 