Francisco José Mejía, en Semana, analiza el peso histórico del juicio contra el expresidente.
En una columna publicada por el economista Francisco José Mejía en Semana, se expone el trasfondo histórico y político del juicio que enfrenta el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy acusado en un proceso que ha captado la atención nacional. La jueza encargada del caso es originaria de Alpujarra (Tolima), municipio que sufrió el rigor del conflicto armado y que, según el autor, recuperó la paz gracias a la política de seguridad del exmandatario.
Mejía recuerda los duros años que vivió Alpujarra, especialmente el ataque del 12 de julio del año 2000 por parte de las Farc, donde fueron utilizados cilindros bomba cargados con metralla y explosivos que destruyeron gran parte del pueblo. A pesar del daño, ningún civil ni policía murió en ese atentado. El autor enfatiza que la población solo volvió a sentir seguridad cuando llegó Uribe a la presidencia, con una estrategia que, según él, restauró el imperio de la ley en cientos de municipios.
La columna destaca que ahora Uribe comparece ante la justicia que él ayudó a fortalecer, y cuestiona los motivos que lo tienen como acusado. Mejía señala que hay intereses políticos detrás del proceso, mencionando a Iván Cepeda y a los magistrados Reyes y Barceló, y sostiene que no hay pruebas suficientes que justifiquen una condena por manipulación de testigos, acusación central del caso.
El columnista no pide un fallo favorable basado en la trayectoria del expresidente, sino en la ausencia de pruebas concretas en su contra. Resalta que durante el juicio se evidenció que Uribe siempre pidió que los testigos dijeran la verdad, y que el proceso ha sido público y conocido por el país.
Finalmente, Mejía asegura que el fallo que dicte la jueza Sandra Liliana Heredia tendrá consecuencias históricas no solo para Uribe, sino también para la credibilidad de la justicia colombiana. «Un fallo condenatorio la condenaría a usted ante la historia, no a Uribe», concluye.
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