El expresidente fue declarado culpable por dos delitos en una audiencia de casi 12 horas.
Por primera vez en la historia de Colombia, un expresidente ha sido declarado culpable por delitos penales. Se trata de Álvaro Uribe Vélez, quien fue hallado responsable por fraude procesal y soborno en actuación penal, en una decisión de primera instancia emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. En la misma audiencia, fue absuelto por el delito de soborno simple.
La jueza Sandra Liliana Heredia aseguró que el exmandatario actuó como determinador de una estrategia ilegal para obtener beneficios judiciales a través de terceros. Según el fallo, el abogado Diego Cadena y Carlos López, alias “Caliche”, ofrecieron beneficios a personas privadas de la libertad, entre ellas Juan Guillermo Monsalve, con el fin de obtener declaraciones que favorecieran a Uribe en otros procesos judiciales.
Entre las pruebas clave, se encuentra una grabación realizada por Monsalve con un reloj espía, que fue admitida como válida por el despacho judicial, pese a los intentos de la defensa de excluirla. La jueza destacó que “el acusado conocía el plan” y que se incurrió “más allá de toda duda en soborno en actuación penal”.
La decisión también se basó en los testimonios de Deyanira Gómez, expareja de Monsalve, y en las múltiples evidencias documentales y periciales. La jueza resaltó la “credibilidad del testigo” y argumentó que la defensa de Uribe incurrió en una “coreografía criminal” para manipular el proceso. Además, rechazó que se tratara de una persecución política o revanchismo.
La génesis del caso se remonta a 2014, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, a quien acusó de manipular testigos. Sin embargo, la Corte Suprema archivó la denuncia contra Cepeda y, en su lugar, abrió un expediente contra Uribe por manipular declaraciones de exparamilitares presos como Monsalve y Pablo Hernán Sierra. Desde entonces, el proceso ha tenido más de una década de ires y venires judiciales.
Durante la audiencia del pasado 28 de julio, celebrada en el complejo judicial de Paloquemao, la jueza aclaró que este no fue un juicio político, sino “un acto de justicia y solo de justicia”. A pesar del fallo condenatorio, la defensa de Uribe —encabezada por el penalista Jaime Granados— insistió en su inocencia y en que aún se mantiene la presunción de inocencia hasta que no exista una sentencia definitiva.
La Fiscalía, por su parte, solicitó que la eventual condena se cumpla en prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que las penas por estos delitos oscilan entre 4 y 8 años. La lectura completa de la sentencia, donde se conocerán los años de pena y los fundamentos jurídicos, será el 1 de agosto a las 2:00 p. m.
Este fallo no es definitivo. La defensa ya anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá hasta el 8 de octubre de 2025 para emitir su decisión. Si se mantiene la condena, las partes podrán acudir a un último recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, donde se originó el proceso en 2011.
Mientras tanto, el país queda a la espera de la “sentencia del siglo”, en un caso que no solo pone a prueba a la justicia ordinaria, sino que marca un antes y un después en la política colombiana
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