El Decreto 0858 redefine el sistema de salud en Colombia y cambia el rol de las EPS.
A través del Decreto 0858 de 2025, el Gobierno Nacional puso en marcha el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, una de las piezas centrales de la propuesta de reforma que no ha logrado avanzar en el Congreso. La medida fue firmada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, horas después de que la presidencia de la Comisión Séptima del Senado quedara en manos de la oposición.
El decreto reemplaza por completo una sección del Decreto 780 de 2016 y reorganiza el sistema con base en un enfoque de atención primaria, territorial y anticipada, que prioriza la prevención de enfermedades y el fortalecimiento del primer nivel de atención en todo el país. El Ministerio de Salud asumirá la coordinación de este nuevo modelo.
Uno de los principales cambios está en las EPS, que ya no serán el eje articulador del sistema. Aunque no desaparecen, pierden funciones clave y deberán articularse con las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS). Estas redes, compuestas por instituciones públicas, privadas y mixtas, operarán de forma conjunta para atender las necesidades de salud en los territorios.
También se crea la figura de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), donde las IPS deberán organizarse funcionalmente como base territorial del sistema. Esto implica una nueva lógica en la prestación de servicios: más accesibilidad, atención familiar y contacto directo con la comunidad. Las entidades territoriales liderarán su implementación con acompañamiento del Ministerio.
El decreto incluye un capítulo sobre trabajo digno y decente para el personal de salud, uno de los puntos discutidos en las anteriores reformas frustradas. Además, elimina la intermediación financiera de las EPS y establece que los recursos se girarán directamente a las IPS desde la Adres y otros fondos del Estado.
El nuevo modelo también propone una planeación territorial con enfoque diferencial, que tendrá en cuenta las condiciones culturales, sociales y epidemiológicas de cada región. La implementación deberá realizarse en un plazo de un año y se financiará con recursos del sistema de salud, presupuesto nacional, regalías y cooperación internacional.
La firma del decreto ha generado controversia política. Desde la oposición, el congresista Andrés Forero anunció acciones judiciales y criticó que el Gobierno haya tomado esta decisión sin pasar por el Legislativo: “Vamos a demandar ese esperpento”, declaró.
Con esta movida, el Ejecutivo avanza en la transformación del sistema de salud sin necesidad de una nueva ley, consolidando un modelo que, aunque aún enfrenta críticas, ya es política pública con alcance nacional.
Al Contraste 