Una ponencia de 554 páginas radicada ante la sala plena del CNE señala que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría recibido aportes prohibidos y excedido los límites de gasto. Proponen sanciones contra directivos y partidos políticos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio un nuevo paso en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron ante la sala plena una ponencia de 554 páginas en la que concluyen que la campaña habría violado los topes electorales en más de 3.500 millones de pesos.
La decisión será votada en las próximas semanas por todos los magistrados del tribunal administrativo.
En el documento, los ponentes proponen sanciones contra Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de Ecopetrol y quien se desempeñó como gerente de la campaña, así como contra Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y María Lucy Soto Caro (auditora). Según la ponencia, se habrían presentado irregularidades en primera y segunda vuelta, que incluyen financiación prohibida y violación de topes de gasto.
De manera solidaria, los tres serían responsables de más de 5.300 millones de pesos en irregularidades, mientras que los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica (UP) tendrían multas superiores a 583 millones de pesos por omisiones en la verificación de recursos y la aceptación de aportes prohibidos.
El documento también ordena a Ricardo Roa devolver al Estado 165 millones de pesos relacionados con el pago de un evento en el Movistar Arena el mismo día de las elecciones de segunda vuelta, gasto que según los magistrados no correspondía a la campaña.
Adicionalmente, se propone compulsar copias a la Fiscalía contra Roa para que investigue posibles delitos asociados con financiación irregular, violación de topes y fraude procesal. Así mismo, se pide a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes avanzar en la investigación contra el presidente Petro.
La ponencia, que será sometida a votación en la sala plena, marcará un punto clave en el proceso sobre la financiación de la campaña que llevó a Petro a la presidencia.

