El alto tribunal suspendió de forma provisional el decreto 858, con el que el Gobierno reformó la estructura del sistema de salud. La decisión señala que el Ejecutivo excedió sus competencias al legislar por decreto.
El Consejo de Estado suspendió este jueves el decreto 858 del 31 de julio de 2025, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el cual se buscaba implementar el denominado Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo.
La medida fue adoptada por la Sección Primera del alto tribunal, con ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña, tras considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias al modificar por decreto la estructura del sistema de salud, una materia que —según la Constitución— corresponde al Congreso de la República.
“El Gobierno Nacional no podía expedir un decreto reglamentario que regulara de manera integral el modelo de Seguridad Social en Salud (…), porque de conformidad con el artículo 150, numeral 23, de la Constitución Política, corresponde al Congreso expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos”, se lee en la decisión judicial.
El decreto suspendido fue conocido como el ‘decretazo de la salud’, pues introducía profundos cambios en el sistema, como la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) y la reorganización territorial de la atención médica por regiones.
Además, transformaba el papel de las EPS, que pasarían de ser aseguradoras a gestoras de aseguramiento, un cambio que coincidía con varios puntos de la reforma a la salud que aún se debate en el Congreso.
La medida cautelar fue solicitada por el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, quien alegó que el decreto vulneraba la Constitución al usurpar las funciones legislativas.
El Consejo de Estado le dio la razón, al considerar que las modificaciones al rol de las EPS, así como la creación de nuevas redes de atención, constituyen transformaciones estructurales que deben ser discutidas y aprobadas por el Congreso, no impuestas mediante decreto presidencial.
“Cualquier modificación sustancial al rol de las EPS debe ser objeto de deliberación legislativa, por lo que no le corresponde al Ejecutivo transformar aspectos esenciales del modelo de aseguramiento”, indicó el fallo.
Con la suspensión provisional, el decreto 858 queda sin efectos inmediatos mientras el Consejo de Estado avanza en el estudio de fondo de la demanda. En paralelo, continúa su trámite en el Congreso la reforma a la salud, pieza clave del programa de gobierno de Petro.
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