La sala plena del Consejo Nacional Electoral aprobó la ponencia de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, que concluyó que la campaña de 2022 superó los topes en primera y segunda vuelta.
La sala plena del Consejo Nacional Electoral aprobó la ponencia que sanciona a la campaña presidencial de 2022 por exceder los topes electorales. La discusión, que duró menos de una hora, requirió la participación de dos conjueces debido a recusaciones e impedimentos de magistrados que no podían intervenir en el expediente.
La ponencia, elaborada por los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, ya contaba con cinco votos desde el 13 de noviembre, pero aún necesitaba uno más para alcanzar la mayoría absoluta. Los magistrados Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry quedaron fuera de la decisión: la primera fue recusada por haber sido testigo electoral y el segundo se declaró impedido por haber trabajado como abogado de la campaña.
La mayoría se consolidó con los votos de los ponentes y el respaldo de Maritza Martínez, Altus Baquero, Alfonso Campos y el conjuez Majer Abushihab. El conjuez Iván Acuña fue el único voto en contra.
Exceso de topes: más de $5.300 millones no reportados
La resolución señala que la campaña superó los topes en más de 5.300 millones de pesos. De ese total, 3.700 millones corresponden a gastos no reportados en la primera vuelta y 1.600 millones a valores omitidos en la segunda.
La investigación tomó más de un año e incluyó “decenas de pruebas y testimonios”. Según los magistrados, la campaña no reportó aportes del sindicato Fecode, una pauta política emitida en Caracol Televisión, un pago a testigos electorales y un aporte de la Unión Patriótica.
También se identificaron aportes de fuentes prohibidas, entre ellos recursos de la Unión Sindical Obrera y pagos realizados por Ingenial Media SAS.
Uno de los apartes de la resolución indica:
“Se logró establecer que se efectuó la remuneración a 30.256 testigos electorales para la campaña de la coalición del Pacto Histórico en la primera vuelta”.
Multas y responsables
La sanción económica total supera los 5.922 millones de pesos, distribuidos entre tres personas vinculadas a la administración financiera de la campaña: el gerente Ricardo Roa, la tesorera Lucy Aydee Mogollón y la auditora Mari Lucy Soto.
Las multas se dividen así:
$2.252 millones por financiación con fuentes prohibidas en primera vuelta.
$2.447 millones por violación de topes en esa etapa.
$627 millones por financiación prohibida en segunda vuelta.
$596 millones por violación de topes en segunda vuelta.
La sala también ordena que Roa reintegre $165.405.000, correspondientes al gasto del evento realizado en el Movistar Arena el 19 de junio de 2022. El monto deberá ser devuelto “debidamente indexado al año 2025”.
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