La encuesta Colombia Opina #19 reveló cómo se moverían los votos a seis meses de las elecciones. También midió escenarios de segunda vuelta y expuso inquietudes sobre la regulación del CNE.
A seis meses de las elecciones presidenciales, la más reciente edición de la encuesta Colombia Opina #19, realizada por la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio, dejó ver cómo se está configurando la preferencia electoral en el país. El estudio consultó a 3.800 personas en 148 municipios entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025.
Ante la pregunta sobre por quién votarían si las elecciones fueran el próximo domingo, el 31,9 % se inclinó por Iván Cepeda; 18,2 % por Abelardo de la Espriella y 8,5 % por Sergio Fajardo.
Detrás aparecen Miguel Uribe Londoño con 4,2 %; Claudia López con 4,1 %; Vicky Dávila con 3,7 %; Juan Carlos Pinzón con 2,9 %, y Germán Vargas Lleras con 2,1 %.
En un escenario en el que solo participaran Cepeda, De la Espriella y Fajardo, el primero alcanzaría el 45,6 %; De la Espriella el 25,6 % y Fajardo el 24,9 %. El voto en blanco subiría al 3,8 %.
Escenarios de segunda vuelta
La encuesta también midió posibles enfrentamientos directos:
Fajardo vs. De la Espriella: el exgobernador obtendría 51,7 %, mientras que el abogado llegaría a 38,9 %. El voto en blanco sería de 9,4 %.
Fajardo vs. Cepeda: Fajardo alcanzaría 46,4 % y Cepeda 48,9 %, con un 4,8 % de voto en blanco.
Cepeda vs. De la Espriella: Cepeda marcaría 59,1 % y De la Espriella 36,2 %. El blanco se ubicaría en 4,6 %.
En cuanto a la pregunta “¿Por quién nunca votaría?”, 23,9 % mencionó a Cepeda; 12,6 % a Dávila; 12,3 % a María Fernanda Cabal y 12,2 % a De la Espriella.
El estudio no incluyó al exalcalde Daniel Quintero, pues no fue medido en ninguno de los escenarios.
Más allá de los datos electorales, la encuesta llega en medio de un ambiente tenso entre las firmas encuestadoras y el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la entrada en vigencia de la Ley 2494 de 2025. Aunque la veda para publicar encuestas terminó el 1.° de noviembre, las empresas del sector advierten que persisten vacíos normativos.
La principal preocupación radica en que el CNE no ha puesto en funcionamiento la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas ni ha actualizado las resoluciones necesarias para la aplicación de los nuevos estándares. Según las firmas, esta falta de claridad ha generado un escenario de “inseguridad jurídica” para la divulgación de mediciones.
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