La instalación de la mesa de concertación quedó marcada por el retiro de Fenalco, que acusa al Gobierno de divulgar previamente el incremento y anular el diálogo tripartito.
La discusión del salario mínimo para 2026 comenzó este lunes con tensiones abiertas entre el Gobierno y uno de los gremios clave del sector privado. Aunque el Ejecutivo instaló la comisión de concertación salarial, el retiro de Fenalco dejó en duda el alcance real del proceso.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que se activó el trámite establecido en la Ley 278 de 1996.
“Buscaremos un consenso hasta el día 16 de diciembre sobre el incremento del salario mínimo que deberá regir a partir del 1 de enero del 2026”, afirmó. Recordó que cerca de 12 millones de personas devengan hasta un salario mínimo y calificó la decisión como “un asunto vital para la vida de los trabajadores”.
Sin embargo, el pronunciamiento no despejó el malestar del sector comercial. Fenalco anunció que no participará en la mesa al considerar que el Gobierno comunicó anticipadamente el aumento, lo que a su juicio invalida el diálogo tripartito.
“El anuncio previo vacía de contenido el diálogo social, desconoce compromisos internacionales y envía un mensaje de inseguridad sobre la institucionalidad laboral”, indicó el gremio en un comunicado.
Su presidente, Jaime Alberto Cabal, afirmó que se trató de “una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión”.
Sanguino, por su parte, defendió los ajustes del Gobierno en años recientes. Aseguró que el ingreso real ha crecido “poco más del 17 por ciento” y que el aumento nominal acumulado del mínimo es de “alrededor del 37,6 por ciento”. También destacó los últimos datos del Dane, con un PIB creciendo al 3,6 % y una desocupación del 8,2 %, “la más baja del siglo”, según dijo. Agregó que la inflación “se mantiene controlada”.
El gremio de comerciantes rechazó estos argumentos. Cabal aseguró que el incremento mencionado por el presidente y el ministro del Interior estaría “muy por encima del IPC y de la productividad”, una decisión que, según él, “carece de sustento” y “deteriora la confianza”. Fenalco advirtió que una decisión así expone al país a “mayores riesgos en empleo, informalidad e inflación”.
En cuanto al factor de productividad, Sanguino reconoció que no está definido. “Todavía estamos discutiendo cuál es el factor de productividad que vamos a acoger”, señaló. Sobre la brecha entre el salario mínimo y el “salario vital” estimado por la OIT, afirmó que se mantiene en 13,3 %.
“Le seguimos debiendo a los trabajadores 13,3 por ciento para llegar a ese mínimo vital”, afirmó.
El ministro también anticipó que el Gobierno evalúa la desindexación de la vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, al considerar que su cálculo en salarios mínimos genera impactos indeseados.
“Nos parece que ese impacto del salario mínimo no debería afectar un asunto tan vital como la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario”, dijo.
Fenalco, al cierre, reiteró que la concertación no tiene validez bajo estas condiciones:
No puede “legitimar una mesa en la que las decisiones fundamentales ya fueron tomadas y comunicadas de manera unilateral”. Participar, dijo Cabal, “equivaldría a avalar una práctica que contraría la esencia misma de la concertación”.
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