El representante Alejandro Ocampo solicitó a la Fiscalía y a la Procuraduría abrir investigaciones contra 17 gobernadores que se negaron a aplicar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional.
El representante a la Cámara Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, pidió a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación investigar penal y disciplinariamente a 17 gobernadores que decidieron no aplicar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional.
Según el congresista, la negativa de los mandatarios departamentales tendría impacto directo en el recaudo de recursos estimados en 11 billones de pesos, que estarían destinados a financiar programas sociales y servicios públicos esenciales.
“No es una pelea política: es la defensa de la Constitución y del bienestar colectivo. Nadie está por encima de la ley”, afirmó Ocampo al referirse a la decisión de los gobernadores.
El representante sostuvo que el decreto busca atender una crisis fiscal que, según su postura, compromete la financiación de sectores como salud, energía y atención de emergencias. “Estamos ante una situación que amenaza la sostenibilidad de áreas fundamentales del Estado”, señaló.
En ese contexto, Ocampo advirtió que la no aplicación del decreto podría derivar en consecuencias jurídicas. “Su incumplimiento podría configurar prevaricato por omisión, abuso de autoridad y faltas disciplinarias gravísimas”, aseguró.
Desde el Gobierno Nacional ya se había anticipado que se evaluarían acciones jurídicas contra los gobernadores que decidieran no acatar los decretos expedidos bajo la declaratoria de emergencia económica.
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