El Ministerio de Salud aseguró que el aumento de impuestos al alcohol y al tabaco busca reducir el consumo y la mortalidad asociada, mientras las gobernaciones advierten afectaciones a los ingresos regionales destinados a salud y educación.

El aumento del IVA y de los impuestos al consumo de alcohol y tabaco abrió un nuevo frente de discusión entre el Gobierno nacional y los departamentos. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social se defendió la medida bajo el argumento de que su impacto va más allá del recaudo fiscal y apunta a reducir el consumo de estos productos.
“La evidencia muestra que el incremento de precios desestimula el consumo y reduce muertes asociadas”, señaló la cartera de Salud al explicar el alcance de la decisión.
Según las estimaciones presentadas por el Ministerio, el aumento impositivo generaría una reducción del 20 % en el consumo de vino y del 16 % en bebidas con mayor graduación alcohólica. La entidad sostiene que este efecto también aliviaría la presión sobre el sistema de salud.
El respaldo del sector salud se da en medio de las críticas de varios gobernadores, quienes han advertido que el nuevo esquema tributario podría afectar los ingresos departamentales que financian servicios de salud y educación. Frente a ese señalamiento, el Ministerio afirmó que la medida no vulnera la autonomía territorial ni compromete esos recursos.
“No se trata de una afectación a la financiación regional, sino de una política orientada a la salud pública”, indicó la cartera.
Con la reforma, el IVA para licores y vino se fijó en 19 %, acompañado de un incremento en el impuesto al consumo, que incluye un componente específico de 750 pesos por grado de alcohol y hasta un 30 % ad valorem sobre el precio de venta al público.
En el caso del tabaco, se estableció un impuesto de 11.200 pesos por cajetilla de 20 cigarrillos. Los cigarrillos electrónicos y vapeadores también quedaron gravados con una tarifa de 2.000 pesos por mililitro de líquido, además de un 30 % adicional sobre el precio de venta.

