La Contraloría advirtió un deterioro acelerado en el flujo de recursos hacia los hospitales públicos y extendió su llamado, antes dirigido a la Supersalud, al Ministerio de Salud. El ente de control alertó que la deuda creció de forma significativa y compromete la sostenibilidad del sistema.
Una advertencia formal de la Contraloría General de la República encendió nuevas alarmas sobre la situación financiera del sistema de salud en Colombia. El llamado, que inicialmente había sido dirigido a la Superintendencia Nacional de Salud, ahora también cobija al Ministerio de Salud, en medio de un deterioro que el ente de control calificó como progresivo.
La advertencia se da en el contexto del gobierno del presidente Gustavo Petro y señala que, pese a algunas medidas adoptadas en los últimos dos años, la crisis en el flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria se ha agravado.
Según la Contraloría, aunque la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud incrementó los pagos de deuda a hospitales públicos, el monto total pasó de 12 a 16 billones de pesos en apenas nueve meses, además de evidenciarse una alta concentración de giros hacia prestadores privados.
El informe advierte un “grave y progresivo deterioro” en el financiamiento de la red pública y señala que esta situación “amenaza seriamente la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la garantía efectiva del derecho a la salud”.
El análisis del ente de control describe como “preocupante” la situación de los hospitales públicos, que prestan servicios en más de 600 municipios, incluidos los más apartados del país. El diagnóstico surgió tras revisar las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado, donde se evidenció que los riesgos advertidos desde 2023 no solo persisten, sino que se profundizan.
“Persisten pagos parciales, tardíos o inexistentes por parte de las EPS, incluyendo las intervenidas, frente a servicios financiados con la UPC”, señaló la Contraloría, al advertir que las acciones adoptadas hasta ahora han sido “insuficientes e ineficaces”.
Por esa razón, el llamado se amplió al Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que el problema impacta directamente la rectoría del sistema.
A esto se suman los datos reportados por la Asociación de Empresas Sociales del Estado, según los cuales la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció cerca del 42 % entre 2024 y 2025, al pasar de 4,5 a 6,4 billones de pesos, con efectos directos sobre la liquidez y la operación de los hospitales públicos.
El informe concluyó que en 2024 los hospitales públicos facturaron 18,8 billones de pesos, pero recibieron pagos por 15,7 billones, generando una cartera del 16 %. Entre enero y septiembre de 2025, la brecha se amplió: se facturaron 16,3 billones y solo se pagaron 12,6 billones, lo que representó una caída al 77 % en los ingresos efectivamente recibidos.
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