Trabajadores han denunciado que empleadores se niegan a pagar el aumento del 23,5 % del salario mínimo decretado para 2026. En enero se han radicado 120 quejas formales y más de 600 solicitudes laborales ante la autoridad de trabajo en el departamento.
Al menos 120 quejas por presunto incumplimiento en el pago del nuevo salario mínimo han sido radicadas en lo que va de enero en el Tolima. Las denuncias corresponden a trabajadores que aseguran que sus empleadores no han aplicado el aumento del 23,5 % decretado para 2026.
La directora de la oficina territorial del Ministerio del Trabajo en el Tolima, Lina Zaida Mendieta, confirmó que los casos ya están siendo revisados. “Es una situación bastante compleja. Entendemos las dinámicas económicas de Ibagué, pero velamos por los derechos de los trabajadores y por el cumplimiento de la norma”, señaló.
Según explicó, las quejas se encuentran en etapa de investigación previa y darían paso a inspecciones directas en las empresas señaladas. “Si se verifica que no realizaron los pagos acordes con la normatividad vigente, pueden estar sujetas a una sanción”, indicó la funcionaria en diálogo con Caracol Radio.
El número de reclamos laborales también refleja un aumento general en la demanda de atención. De acuerdo con Mendieta, durante enero se han acumulado cerca de 600 radicados entre quejas y consultas, lo que representa un incremento cercano al 25 % frente al mismo periodo del año anterior.
“Por consulta llegan solicitudes muy diversas: despidos de mujeres en estado de embarazo, conciliaciones, y muchas relacionadas con el no pago del salario vigente”, explicó. Según detalló, la diferencia frente al año pasado está entre 120 y 150 casos adicionales.
Desde las centrales obreras, el tema también ha generado pronunciamientos. El presidente de la CUT en el Tolima, Luis Carlos Arenales, afirmó que existen herramientas suficientes para vigilar el cumplimiento del decreto salarial. “El Gobierno nacional cuenta con más de 1.000 inspectores en todo el país para verificar que las empresas cumplan con el aumento del salario mínimo”, señaló.
Arenales sostuvo que la negativa de algunos empleadores tiene un trasfondo político. “Es una posición que interpreta la derecha colombiana para tratar de hacer esguince a las medidas que el Gobierno ha tomado”, afirmó, y aseguró que este tipo de prácticas buscan deslegitimar el aumento salarial en un contexto preelectoral.
El dirigente sindical recomendó a los trabajadores afectados no limitarse a la queja individual. “También pueden acudir a las centrales obreras para recibir orientación y acompañamiento en el proceso”, indicó.
Mientras avanzan las investigaciones, el volumen de denuncias deja en evidencia que la aplicación del nuevo salario mínimo no está siendo automática en todos los sectores del departamento.
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