El Tribunal Administrativo de Antioquia activó un incidente de desacato por un presunto incumplimiento de una medida cautelar que ordena el pago de deudas a clínicas y hospitales de Medellín. Funcionarios del Gobierno nacional y agentes interventores de EPS deberán responder.
El Tribunal Administrativo de Antioquia abrió un incidente de desacato contra funcionarios del Gobierno nacional y agentes interventores de varias EPS, al advertir un posible incumplimiento de una orden judicial relacionada con la crisis del sistema de salud en Medellín.
La decisión se da dentro de una acción popular presentada por el Distrito de Medellín, que busca garantizar el pago de las deudas que mantienen las EPS con clínicas y hospitales públicos y privados de la ciudad. En el auto, el tribunal señaló que las entidades accionadas deberán informar, en un plazo de dos días, los correos institucionales de los funcionarios responsables de cumplir la medida cautelar.
El incidente involucra a entidades del orden nacional como el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). También fueron vinculados los agentes interventores de EPS como Nueva EPS, Savia Salud, Coosalud y EPS Sanitas.
Según lo indicado por el tribunal, el objetivo del incidente es establecer si las entidades obligadas han acatado la orden judicial que exige el giro de recursos para aliviar la situación financiera de la red hospitalaria de Medellín, afectada por una alta cartera vencida.
Dentro del proceso se expuso que uno de los casos más críticos es el del Hospital General de Medellín, al que le adeudan más de 200.000 millones de pesos, cifra que refleja el impacto de la falta de pagos en la prestación de servicios de salud.
El tribunal recordó que, de acuerdo con la Ley 472 de 1998, el incumplimiento de órdenes judiciales en acciones populares puede derivar en sanciones como multas de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales y arresto de hasta seis meses, sin perjuicio de otras consecuencias legales.
El proceso continuará con la evaluación de las respuestas que entreguen las entidades requeridas, tras lo cual el tribunal definirá si hubo desacato y si procede la imposición de sanciones.
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