Un informe basado en cifras de Colombia Compra Eficiente reveló que el Gobierno Nacional ha adjudicado más de $31 billones en contratos directos a organizaciones como juntas de acción comunal, cabildos indígenas, resguardos y consejos comunitarios.

De acuerdo con los datos, divulgados por El Tiempo, se han firmado 80.736 contratos bajo este mecanismo, sin procesos de licitación, a través de las denominadas asociaciones público-populares.

Esta figura, incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, fue posteriormente anulada por la Corte Constitucional, que consideró que se trataba de una forma de contratación directa sin claridad normativa. El alto tribunal señaló que el Gobierno “se extralimitó al agregar un nuevo caso para contratar ‘a dedo’”.

El desglose de los recursos muestra que más de $25 billones fueron destinados a asociaciones comunales en 55.434 contratos. A esto se suman cerca de $2 billones en acuerdos con consejos comunitarios, $1 billón con resguardos, $700.000 millones con cabildos, $382.000 millones con cabildos indígenas y $6.900 millones con juntas de acción comunal.

El mismo informe advierte que una parte significativa de estos contratos no ha sido finalizada. “De los 55.434 contratos con asociaciones comunales, solo 7.309 (…) aparecen como terminados”, se indica, mientras que la mayoría permanece en estados como “celebrado”, “modificado” o en ejecución.

Las alertas sobre este tipo de contratación también han sido emitidas por organismos de control. Durante el primer trimestre de 2026, la Contraloría reportó hallazgos relacionados con la contratación directa con estas organizaciones.

Según ese reporte, en enero de 2026 se firmaron más de 500.000 contratos directos por un valor de $32,88 billones, en un periodo previo a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías.

Los datos han puesto el foco sobre el volumen de recursos comprometidos y el uso de mecanismos de contratación que han sido objeto de revisión por parte de instancias judiciales y de control.