La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, expuso en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 el alcance de la minería ilegal en el sur del departamento y las dificultades que enfrentan las autoridades para contenerla.

Durante el panel “Minería ilegal, degradación de ecosistemas y gobernanza territorial en el sur del Tolima”, la mandataria señaló que la actividad ha dejado efectos sociales y ambientales en la región, en un contexto que —según dijo— desbordó la capacidad institucional local.

“Nosotros nos propusimos una tarea muy importante (…) teníamos que visibilizar el problema; teníamos que darle a conocer a Colombia lo que estaba pasando en el sur del Tolima”, afirmó, al referirse a las primeras acciones adoptadas junto con Cortolima.

En su intervención, también vinculó el fenómeno con dinámicas de seguridad: “Este es un problema también de seguridad, un problema de control territorial por parte de grupos de disidencias de las Farc en el sur del Tolima”.

Matiz expuso cifras sobre las ganancias que, según indicó, obtienen quienes controlan la extracción ilegal de oro. “Un gramo de oro está en $550 mil mientras que un gramo de cocaína está en $10 mil; por supuesto que es mucho más rentable dedicarse a la extracción ilegal”, señaló.

Agregó que los cobros a operadores de maquinaria y porcentajes sobre la producción permiten estimar los ingresos de estas estructuras: “Cuando estos grupos (…) empiezan a pedir entre $5 y $8 millones (…) y además el 15% de la extracción (…) estamos hablando mensualmente casi de $7 mil millones. ¿Con qué se está quedando el territorio? Con la pobreza y el daño ambiental”.

La gobernadora también se refirió a fallas en los controles a la maquinaria pesada. “Hay una falencia muy grave y es el desconocimiento en la aplicación de la norma (…) la Policía para la maquinaria (…) y los deja pasar”, dijo, al señalar que habría cerca de 300 equipos operando en la zona.

Según explicó, parte de la maquinaria ingresa por rutas alternas: “Lo hacen a través de trochas que ellos mismos habilitan”.

La mandataria añadió que, tras la visibilización del problema, se implementó un plan con apoyo del Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública. Sin embargo, señaló que persisten tensiones en el territorio. “Hace pocos días le querían hacer una asonada a los uniformados e incluyeron mujeres embarazadas y niños para tratar de evitar el avance”, afirmó.

También indicó que al menos 3.000 personas han llegado desde otras regiones atraídas por esta actividad. “Esta es una problemática delicada (…) la estamos enfrentando para poder controlarla y poder defender lo que nos duele, que es nuestro territorio”, concluyó.