El organismo de control cuestiona la celebración y pago de un contrato de servicios profesionales en 2024, por posibles fallas en requisitos, honorarios y normas de austeridad.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Erika Melissa Palma Huertas, exgerente de la IBAL, por presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios profesionales suscrito en 2024.
Según la investigación, la exfuncionaria, en su condición de ordenadora del gasto, habría celebrado y autorizado el pago de un contrato cuyo objeto era la asesoría para la generación, implementación y evaluación de planes estratégicos de comunicación en la oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la entidad.
El expediente disciplinario señala posibles incumplimientos en normas de contratación estatal y en disposiciones de austeridad del gasto. También se cuestiona el cumplimiento de los requisitos de idoneidad del contratista.
“Sin el cumplimiento pleno de los requisitos de idoneidad y perfil exigidos por la entidad”, indica la investigación sobre uno de los puntos analizados.
Además, el ente de control advierte una posible fijación y pago de honorarios por encima de los topes establecidos para el perfil acreditado.
La Procuraduría calificó de manera provisional la conducta como falta gravísima a título de dolo y señaló que el proceso continuará en etapa disciplinaria.
El caso se centra en la contratación de servicios profesionales en una de las áreas administrativas de la entidad, bajo revisión por las condiciones en las que fue suscrito y ejecutado el contrato.