Un grupo de 49 oficiales del Ejército fue llamado a calificar servicios mediante varias resoluciones firmadas por el Ministerio de Defensa, en medio de denuncias internas sobre posibles irregularidades en el procedimiento.
Una decisión administrativa que involucra la salida de 49 oficiales del Ejército Nacional ha generado inconformidad al interior de la institución y denuncias sobre presuntos vicios en el proceso que definió su retiro.
Los hechos conocidos corresponden a varias resoluciones firmadas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mediante las cuales se ordena el llamado a calificar servicios de oficiales con rangos de mayor, teniente coronel y coronel, algunos con más de 20 años de carrera militar.
De acuerdo con los documentos, se trata de las resoluciones 002283 del 16 de marzo de 2026, que ordena la salida de 11 militares; la 004282 del 23 de abril, con nueve coroneles; la 004283 del mismo 23 de abril, con ocho oficiales adicionales; y las resoluciones 004673 y 004674 del 29 de abril, que incluyen a 21 mayores.
En total, las cinco decisiones administrativas agrupan la salida de 49 oficiales del Ejército Nacional.
Desde el Ejército se señaló a La FM que el procedimiento “está totalmente reglado en la norma y ajustado al marco de la ley”, en respuesta a las inquietudes surgidas tras las decisiones.
Sin embargo, algunos de los oficiales retirados han expresado reparos sobre el proceso, al considerar que podrían existir irregularidades en el trámite de las resoluciones.
Una de las principales observaciones está relacionada con la fecha de la Junta Asesora que evaluó los casos. Según los documentos, la sesión se habría realizado el lunes 16 de marzo y fue catalogada como ordinaria. No obstante, los militares señalan que la normativa establece que estas sesiones deben realizarse el primer jueves de cada mes, salvo excepciones justificadas.
“El artículo establece que la Junta Asesora se convocará de forma ordinaria para el primer jueves de cada mes”, señalan los cuestionamientos conocidos.
Otro de los puntos mencionados por los oficiales tiene que ver con la supuesta ausencia de expedientes completos durante la evaluación de los casos. Según las denuncias, la Junta habría analizado los retiros sin contar con la totalidad de hojas de vida de los militares involucrados.
Las decisiones se dan en medio de un proceso de reorganización interna que ha incluido movimientos de personal dentro de las Fuerzas Militares en los últimos años, según lo han indicado fuentes oficiales.