Un estudio de la Universidad del Tolima, citado por la MOE, documentó 16 episodios de violencia contra mujeres en el ejercicio público entre 2025 y 2026. Varias agresiones se concentraron en la gobernadora y la alcaldesa de Ibagué.
Un estudio sobre violencia contra mujeres en la política, realizado por la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Tolima, identificó 16 episodios de agresión contra dirigentes en el departamento entre octubre de 2025 y abril de 2026.
Según explicó Cristián Martínez, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Tolima, el análisis permitió establecer que en siete de esos casos las afectadas fueron la gobernadora Adriana Magali Matiz y la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda.
“Se identificaron ocho mujeres de manera puntual que son las principales víctimas de estas agresiones, y 14 personas que se pueden identificar como presuntos autores de esta violencia”, indicó Martínez en diálogo con Caracol Radio.
El informe también clasificó los tipos de violencia registrados. De acuerdo con los datos, el 52 % de los casos corresponde a agresiones de tipo psicológico, el 33,3 % a violencia simbólica y el 14,7 % a otras formas, entre ellas la digital.
Martínez advirtió sobre la concentración de estos hechos en figuras visibles de la política regional. “Lo preocupante es que las mandatarias Johana Aranda y Adriana Magali Matiz son las que más han sido objeto de estas agresiones”, señaló.
El estudio incluyó además casos que involucran a otras mujeres en cargos públicos, como la alcaldesa de Natagaima, Astrid Pava; la concejal de Ibagué, Silvia Cristina Ortiz; la alcaldesa de Flandes, Judith Gamboa; la representante a la Cámara Martha Alfonso; y la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, Érika Lozano.
En relación con las rutas de atención, Martínez mencionó el marco normativo vigente.
“La Ley 2453 es una ley que duró muchos años en discusión en el Congreso. En esta ley se establecen varios tipos de investigaciones y cada uno tiene en su ejercicio unas sanciones. Hay procesos penales que los investiga directamente la Fiscalía General de la Nación”, explicó.