El mandatario aseguró que sus afirmaciones sobre «votar por la vida o la muerte» apelan a conceptos generales y no a candidaturas específicas. La Procuraduría dio plazo hasta este jueves a la Comisión de Acusación para reportar el avance de las indagaciones en su contra.
El presidente Gustavo Petro salió al paso de los cuestionamientos que lo acusan de intervenir de manera indebida en los próximos comicios. Desde Ciénaga, Magdalena, el mandatario sostuvo que sus declaraciones públicas no buscan favorecer a ninguna campaña ni vulnerar las normas electorales vigentes.
La controversia se reavivó luego de que Petro asegurara ante una comunidad de pescadores que en las urnas se confrontan dos visiones de país: «Votamos por la vida o votamos por la muerte». Tras la ola de críticas, el gobernante aclaró de inmediato que sus palabras no hacen referencia a nombres propios ni a tarjetines.
«Ya me quieren procesar. Vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco, pero hay que pensarlo porque si no, lo que hacen es matar a nuestros propios hijos», enfatizó el mandatario, desvirtuando los señalamientos de la oposición que buscan encasillar su discurso dentro de la contienda electoral.
En respaldo a esta postura, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reafirmó la posición del Ejecutivo al explicar que el Presidente se limita a plantear reflexiones filosóficas y de futuro nacional, completamente alejadas del proselitismo o del impulso a aspirantes particulares.
La defensa del mandatario coincide con una fuerte acción de la Procuraduría General de la Nación, que fijó un plazo perentorio hasta este jueves 28 de mayo para que la Comisión de Acusación de la Cámara entregue un informe detallado sobre el estado de los procesos que se adelantan por este asunto.