Tras un fallo del Consejo de Estado que ordena el cumplimiento de restricciones a la participación en política, el abogado Luis Guillermo Vélez criticó el papel de la Procuraduría y pidió mayor contundencia frente a la intervención de funcionarios en el debate electoral.
La reciente decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que ordena el cumplimiento de las restricciones legales sobre participación en política, volvió a poner en discusión el papel de los organismos de control en el contexto electoral.
El abogado Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación para el Estado de Derecho, cuestionó la actuación del Ministerio Público frente a los casos de intervención política de servidores públicos y lanzó una crítica directa a la Procuraduría General de la Nación.
“La Procuraduría no puede ser hazmerreír en elecciones”, afirmó Vélez, al referirse a lo que considera una falta de respuesta institucional frente a este tipo de conductas.
El debate se da tras el fallo del alto tribunal que resolvió una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, en la que se solicitaba la aplicación de la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, que establece límites a la participación de funcionarios en procesos políticos.
De acuerdo con Vélez, la decisión judicial respalda la tesis de que el presidente de la República debe ajustarse a las restricciones vigentes.
“El Consejo de Estado ha sido muy enfático en darle la razón al demandante y pedirle al presidente que cumpla con la disposición legal”, señaló durante la entrevista.
La Fundación para el Estado de Derecho, que promovió la acción, ha cuestionado pronunciamientos del jefe de Estado en escenarios públicos relacionados con el debate electoral y distintos sectores políticos.
Según el abogado, el Consejo de Estado habría considerado que no se trata únicamente de opiniones personales, sino de intervenciones con efectos políticos concretos.
“No fueron simples opiniones del presidente de la República, sino intervenciones directas e indirectas a favor de candidatos del progresismo y ataques directos a la oposición”, sostuvo Vélez.
El pronunciamiento se produce en un escenario previo a una jornada electoral, en medio de cuestionamientos sobre el alcance y la aplicación efectiva de las decisiones judiciales en el corto plazo.